Medio Ambiente analizará el contenido de metales del suelo de Lloreda y Jove

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado encargará un estudio detallado de la calidad del suelo de las parroquias de Lloreda y Jove. En total, analizarán 500.000 metros cuadrados correspondientes a tres parcelas con la intención de comprobar los niveles de metales. El trabajo, que contará con un presupuesto inicial de 41.526 euros, tiene como objetivo profundizar en los resultados obtenidos en una toma de muestras realizada este año por la Dirección General de Calidad Ambiental en 14 parcelas situadas en Lloreda, Veriña y San Andrés, en Gijón, en virtud de un compromiso adquirido con la Asociación de Vecinos Bareza-Lloreda.

En las conclusiones de dicho estudio, realizado por la Universidad de Oviedo, se deja clara la necesidad de una segunda prueba en la que se incluyan «analíticas de extracción secuencial para el estudio de las fracciones biodisponibles de metales pesados y en su caso análisis de riesgo». De este modo, se analizará una parcela de Jove y dos de Lloreda. Aunque se aclara que las anomalías detectadas son «leves» y probablemente sean debidas a «la acumulación, mediante deposición atmosférica, de metales procedentes de las emisiones históricas de la industria circundante, sumada al tráfico, y no considera necesaria la implantación con carácter inmediato de ninguna medida preventiva o correctora».

Diez parcelas afectadas

De las 12 parcelas de suelo rústico donde realizaron el estudio, diez de ellas superan los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) fijados por el Principado. Por el contrario, las dos de suelo residencial no superaron lo permitido para tal uso. Además, «de los 20 metales para los que se han establecido valores de NGR tan sólo siete de ellos presentan anomalías, excediendo el valor establecido para el uso correspondiente». El documento aclara que estos datos no tienen por qué significar que los suelos afectados estén contaminados, «ya que esta cuestión solo se puede dilucidar mediante la realización de un análisis de riesgos».

Es, por tanto, en la zona de Lloreda donde mayor es la acumulación de anomalías, «aparentemente dada la proximidad a zonas industriales y a la autovía 'Y'». De todas ellas, la repetición de los análisis se llevará a cabo en dos, ambas de suelo urbano no consolidado. «Parece lógico realizar un estudio local de la zona para esclarecer si se trata de una afección restringida a las parcelas de estudio o por el contrario se trata de un suceso de contaminación difusa en el que resulta necesario delimitar su extensión».

Asimismo, en la zona Piquera-Jove «se detectan anomalías en dos de las tres parcelas». La que se analizará está situada «en una zona de núcleo rural y el tipo principal predominante es el urbano». «Afectada por 3 metales que superan el NGR correspondiente, dada la ubicación, el tipo de material y siendo una afectación aislada, vistos los resultados de las parcelas colindantes se propone la recomendación de restringir el uso urbanístico a un tipo residencial no compatible con agropecuario». Es decir, no se podrán realizar ninguna actividad agricultora ni ganadera.

Captador de Somonte

Tras la realización de este segundo informe y dependiendo de los datos obtenidos, este primer documento recomienda, en caso de que se repitan los resultados, «realizar un análisis de riesgos mediante la metodología propuesta en el Real Decreto 9/2005 para asegurar mediante criterios toxicológicos que no existe peligro para la salud humana».

Por otro lado, los resultados del captador de partículas en suspensión en el polígono de Somonte «ponen de manifiesto que la concentración media de partículas en los primeros siete meses del año ha sido de 27 microgramos por metro cúbico de aire, inferior al límite legal de 40». Además, en lo que respecta a la concentración de metales en el aire «ninguno de los valores medios alcanza, ni siquiera, la mitad de los valores límite establecidos en la normativa».