El exgerente de Dique Torres advirtió del sobrecoste dos años antes de su aprobación

El exgerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez, declaró ayer en la Audiencia Nacional que ya en 2005 advirtió a la Autoridad Portuaria de Gijón de los sobrecostes en los que se estaba incurriendo por la imposibilidad de utilizar la cantera de Aboño, aunque el modificado de la obra no fue aprobado hasta dos años más tarde, a finales de 2007. Respecto al polémico contrato con Tudela Veguín, Pérez, según informaron a EL COMERCIO fuentes jurídicas, estimó en cerca de 150 millones de euros el coste de la contraprestación realizada a la cementera por la utilización de sus canteras, a pesar de que ésta facturó sólo 7,7 millones por ese concepto, sin perjuicio de que sus ingresos relacionados con la obra portuaria llegase a los 70,6 millones por la venta en exclusiva del cemento utilizado.

La versión del exgerente de Dique Torres sobre las causas y la tramitación del sobrecoste coincidió básicamente con lo declarado hace dos semanas por el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón durante la ejecución de la obra, Fernando Menéndez Rexach, y el director de la misma entidad durante el mismo periodo, José Luis Díaz Rato. Hasta el punto de que el abogado de este último, Viliulfo Díaz, anunció ya que pedirá el archivo del caso en cuanto se produzcan las dos declaraciones que ya están previstas.

Sin embargo, la inminente entrega a las partes implicadas de toda la documentación sobre el expediente aportado por la Autoridad Portuaria -un CD que, al parecer, contiene el equivalente a cerca de 40.000 folios- puede propiciar la petición de nuevas comparecencias.

Fuentes del Observatorio Ciudadanu Anticorrupción (Ocan), grupo afín a Podemos, indicaron a EL COMERCIO su intención de concretar próximamente la petición de nuevas declaraciones y otras partes implicadas llegaron a considerar que «esto no ha hecho más que empezar».

La declaración de Juan Miguel Pérez en el sentido de que la imposibilidad de utilizar desde el principio de la obra la cantera de Aboño fue el origen del sobrecoste, así como que el desfase presupuestario fue reiteradamente advertido hasta que acabó siendo oficialmente aprobado, no impide que el exgerente de la UTE Dique Torres hiciera compatible su declaración con la reclamación planteada por la entidad que representa contra la liquidación efectuada.

Por lo que al contrato entre Dique Torres y Tudela Veguín para el aprovechamiento de la cantera de Perecil y el desmonte de Peña María se refiere, las cifras aportadas por Juan Miguel Pérez llegaron a sorprender a algunos representantes de las partes personadas.

La Oficina Europea de Lucha Antifraude (Olaf) puso énfasis en la circunstancia de que la constructora obtuvo materiales «sin contraprestación directa», que interpretó como gratis, mientras que la Autoridad Portuaria pagó a la UTE por esas «piedras».

Pérez declaró ayer que la utilización de los yacimientos de Tudela Veguín sí tuvo un coste, que llegó a cifrar en nada menos que 150 millones de euros, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. El caso es que, según la documentación de la Olaf, Tudela Veguín no cobró, ni mucho menos, esa cantidad, sino que consta un ingreso por voladuras que quiso contratar directamente, es decir, sin participación de la UTE, por importe de 7,7 millones. Todo ello sin perjuicio de que, por la venta en exclusiva de todo el cemento utilizado en la obra, Tudela Veguín acabara siendo el segundo mayor proveedor de Dique Torres, siempre según la documentación aportada por la Olaf, al alcanzar los 70,6 millones de euros.

Algunas fuentes plantearon ayer dudas sobre la corrección de que Tudela Veguín pudiera haber sido beneficiaria de trabajos por importe de 150 millones que habrían sido pagados directamente por la UTE a subcontratas. En esas condiciones, se espera la declaración del contable para aclarar lo sucedido.