Nacho Prieto
Martes, 7 de julio 2015, 00:14
Juan Miguel Pérez Rodríguez, exgerente de la Unión Temporal de Empresas Dique Norte, que ejecutó las obras de ampliación de El Musel, está hoy citado, a las 10 de la mañana, en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, para explicar el contrato que suscribió con la cementera Tudela Veguín para la extracción de materiales de su cantera de La Hoya (Perecil) y la explanación de Peña María, con vistas a la ampliación portuaria.
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Juan Miguel Pérez ya prestó declaración, junto a otros profesionales de las empresas implicadas en las obras, el pasado día 18 de junio, y pasó a la condición de preimputado tras reconocer su firma en el referido contrato. Para ampliar la información suministrada, fue nuevamente citado por la Audiencia para el 24 de ese mes, pero el alto cargo de Dique Torres pidió un aplazamiento para preparar su aportación al caso y fue señalada la fecha del siete de julio.
El contrato entre la UTE Dique Torres y Tudela Veguín es uno de los documentos que la Oficina Europea de Lucha Antifraude (Olaf) pone en solfa al investigar los sobrecostes.
Según el informe de la Olaf, «lo único que Cementos Tudela Veguín, S. A. ha facturado a la UTE Dique Torres relativo a la explotación de las canteras mencionadas, han sido los costes soportados por Cementos Tudela Veguín S. A. relacionados con esa explotación, y que contractualmente correspondían a la UTE, (voladuras, excavaciones, tasas diversas, seguridad, grúas, servicios de máquinas, etcétera). El importe total desde el 31 de agosto de 2005 hasta el 28 de febrero de 2011 se eleva a 7.703.456,1 euros». El mismo informe añade que «según los contratos entre Cementos Tudela Veguín S. A. y la UTE Dique Torres para la explotación de las canteras, no hay ninguna contraprestación económica directa por la piedra extraída de las canteras de la Hoya y Peña María».
Se da la circunstancia, señalada en alguna de las alegaciones presentadas al informe de la Olaf por responsables o antiguos responsables portuarios, de que en otra parte del informe de la Olaf figura que Cementos Tudela Veguín fue el segundo proveedor de la UTE Dique Torres por cuantía de la facturación, que llegó a alcanzar la suma de 70,7 millones.
Por otra parte, en sus alegaciones al expediente de la Comisión Europea para recuperar la subvención aportada, la Autoridad Portuaria de Gijón indicó que «la UTE Dique Torres abonó el precio o realizó a favor de los suministradores o titulares de terrenos las contraprestaciones que pactaron en cada caso, en el marco de las relaciones que hubiese establecido, que resultan ajenas al contrato suscrito con la Autoridad Portuaria».
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