Roda resolverá la denuncia por el congreso del PP sin vista oral

No habrá juicio para tratar de dilucidar si son ciertas las supuestas irregularidades producidas durante el congreso local del Partido Popular gijonés, celebrado el pasado 18 de octubre. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 4, Luis Roda, manifestó a los letrados de ambas partes que ya disponía de las pruebas suficientes para dictar sentencia. Lo hizo en la audiencia previa celebrada ayer, en la que desestimó todas las pruebas excepto la documentación que aportó el demandante, Ignacio Riestra, -pide la nulidad del citado congreso- y el escrito de contestación de los demandados, la dirección local del PP.

Conforme a la ley procesal, el magistrado deberá dictar sentencia en un plazo máximo de veinte días. «Supongo que será pronto, porque lo que se pretende es que haya una sentencia con antelación suficiente de cara a las próximas elecciones municipales», señaló el letrado de la acusación, Manuel Estrada. Lo que sí podría generar un amplio debate, añadió, será la apelación que interponga la parte que salga perjudicada. «Tenemos pruebas que pueden ser importantes a los efectos de un mayor esclarecimiento de los hechos. Hay una ampliación documental que nos interesaba que se oficiase por parte del juzgado, así como una amplia documentación testifical que consideramso que es necesaria a los efectos de poder analizar más minuiciosamente el debate», señaló Estrada.

Tanto el abogado de los demandados, Pedro Ramón Gorriz, como el presidente del PP de Gijón, David González Medina, declinaron hacer comentarios al respecto hasta conocer el contenido de la sentencia. Riestra se mostró «tranquilo», pues consideró que hay «argumentos de peso» a su favor, según indicaron fuentes próximas al demandante.

La demanda fue interpuesta en su día por Riestra, entonces candidato, después de que le fuesen rechazados buena parte de los avales presentados, por lo que finalmente no pudo optar a la presidir el partido. Su versión contrasta con la de la dirección local del PP, que en su escrito judicial negó cualquier tipo de irregularidad y achacó la imposibilidad de hacer entrega del censo de afiliados a que se infringiría la Ley de Protección de Datos.