La Autoridad Portuaria defiende su actuación, «avalada» por el Estado

La Autoridad Portuaria de Gijón «actuó en todo momento con arreglo a la legalidad vigente y con el aval de los informes jurídicos, económicos y técnicos emitidos por los organismos competentes de la Administración General del Estado», asegura quien fue presidente de El Musel durante toda la ejecución de las obras de ampliación, Fernando Menéndez Rexach, en un escrito de alegaciones contra el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea.

El citado documento fue entregado por Rexach a la Autoridad Portuaria de Gijón, a Puertos del Estado y al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de incluirlo en la respuesta de España a las acusaciones de la OLAF.

No consta que los referidos argumentos hayan sido utilizados, pero Rexach, además de dar respuesta a las «graves acusaciones», con el objetivo de «evidenciar las múltiples contradicciones existentes entre las conclusiones del citado Informe -el de la OLAF- y la realidad de los hechos», indica que no tuvo acceso oficial al mismo, a pesar de estar afectado, y amenaza con acciones legales contra quienes «hayan menoscabado mi honor y mi dignidad profesional».

Rexach asegura también, para salvaguardar la actuación de la Autoridad Portuaria de Gijón, que «los numerosos informes de la abogacía del estado ponen de manifiesto la constante actuación ajustada al derecho español y la ausencia de incumplimientos de lo establecido en el derecho comunitario», circunstancia que haría absolutamente injustificada la reclamación europea de los fondos aportados. Pero, según el escrito del expresidente portuario, en el acta elaborada por los servicios comunitarios, tras una audiencia celebrada en Bruselas en 2010, «se concluía que la actuación había estado en todo momento dentro de la legalidad».

Rexach achaca a que la OLAF confunde y mezcla distintos materiales de construcción en muchas de las cifras que aporta sobre cantidades y precios, además de negar que la UTE obtuvo gratuitamente una parte importante de los rellenos empleados. A juicio de Rexach, la OLAF realiza suposiciones infundadas y conjeturas erróneas que no incluyen pruebas.

En cuanto al control económico, el mismo documento destaca que «el control económico se llevaba a cabo de acuerdo con el correspondiente manual elaborado por Puertos del Estado, quien se encargaba de supervisar todas las solicitudes de fondos realizadas cada seis meses, siguiendo la práctica habitual llevada a cabo en proyectos similares».

En similar sentido se expresó ayer la actual presidenta de El Musel, Rosa Aza, quien indicó que Puertos del Estado se defiende a sí mismo cuando prepara la respuesta a la Comisión Europea.