El Gobierno recurrirá la retirada de fondos europeos y promete apoyo para El Musel

El presidente del Organismo Público Puertos del Estado, José Llorca, anunció ayer que el Gobierno de España recurrirá la decisión de la Comisión Europea de retirar las ayudas que había concedido para la ampliación de El Musel, pero dejó claro, en todo caso, que el sistema portuario español dispone de instrumentos adecuados para dar respuesta a las dificultades que pueda sufrir en algún momento un puerto determinado para impedir que deje de cumplir su papel de motor de desarrollo económico y puso como ejemplo que Gijón obtuvo ya un crédito para financiar la terminación de las obras.

El primer anuncio de Llorca no es nuevo, pero la confirmación de ese propósito de rechazar la pérdida de fondos y de poner todos los medios disponibles para impedir que se produzca no deja de ser tranquilizadora, porque algunas fuentes en Asturias llegaron a temer un cambio de opinión por conveniencia política.

El segundo compromiso de Llorca es más novedoso y viene a sustituir un discurso alarmante («la mala gestión anterior pone en cuestión la viabilidad de El Musel», declaró a este periódico en octubre de 2012) por una llamada a la tranquilidad compatible con la depuración de las responsabilidades que correspondan.

Las manifestaciones de Llorca hacen pensar que el Gobierno del Estado está ahora dispuesto a tomar las medidas oportunas no sólo para que siga operativo, pues es evidente que por grande que sea su endeudamiento nadie va a marchar con los muelles sino también para que sea competitivo, única forma de que pueda cumplir el papel de servir de motor económico para la región.

Conforme a lo publicado por este periódico el pasado sábado, Llorca admitió que la decisión comunicada al Gobierno español por la Comisión Europea era «esperada», porque «es muy difícil que en primera instancia la Unión Europea se pronuncie en contra de un informe de la OLAF». España tiene ahora dos meses para exponer si está o no conforme con la retirada de fondos y, como ya está claro que no, la Comisión Europea deberá convocar una reunión para intentar alcanzar un acuerdo tras recibir la comunicación en ese sentido de España.

Las acusaciones de la CE son sobradamente conocidas, y las alegaciones españolas también, así que no hay muchos motivos para confiar en un acuerdo entre las partes. Tal vez por eso, Llorca manifestó ayer su propósito de «reforzar todos los aspectos jurídicos necesarios para seguir defendiendo que no se tienen que devolver los fondos para El Musel», ya que los tribunales, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, serían la última instancia a la que recurrir.

No obstante, según informaron ayer a este periódico fuentes de la Comisión Europea, la devolución de los fondos, si llega a confirmarse la sanción propuesta por falta de acuerdo en el expediente contradictorio que todavía queda por delante, tendría que realizarse antes de la sentencia judicial. Así, las fuentes referidas indicaron que «una vez que se adopte una decisión de corrección financiera que implica una recuperación, la Comisión emitirá una nota de débito y luego o bien España devolverá el importe debido o bien se deducirá de un pago realizado por la Comisión a España».

Respecto a la aplicación del silencio administrativo tras el expediente instruido en 2010, que en distintos momentos esgrimieron Puertos del Estado y Principado para defender la nulidad de la corrección presupuestaria que quiere aplicar ahora la CE, fuentes comunitarias indicaron que «la carta de cierre es un procedimiento nuevo y diferente del realizado en el año 2010. Hay nuevos elementos factuales, en particular el informe de la OLAF, que conducen a que hay fundamentos jurídicos complementarios a añadir a este caso. La Comisión está plenamente facultada para adoptar una decisión de corrección financiera». Además, siempre según las fuentes comunitarias, «la Comisión puede realizar varias correcciones financieras durante el tiempo de vida de un proyecto, y también recuperar la asistencia más allá del cierre, en caso de descubrimiento de irregularidades».

No obstante, «la Comisión está abierta a discutir con España las cuestiones que ha planteado en la carta de cierre».

Consecuencias

Sobre las consecuencias que puede acarrear para El Musel el conflicto hispano-comunitario, Foro y Podemos coincidieron ayer en reclamar responsabilidades políticas, así como en augurar más problemas económicos. El concejal gijonés Rafael Felgueroso se preguntó «cómo se va a hacer frente a los casi 250 millones de euros que la Comisión Europea exige» y Podemos advirtió que «la mala gestión de una obra pública amenaza el futuro del puerto de El Musel».

Sin embargo, Llorca optó ayer por un mensaje más tranquilizador para los operadores y dijo que, aunque los puertos se rigen por el principio de autofinanciación, «cuando ha habido que generar ayudas para el puerto así se ha hecho. Cuando la Unión Europea no aprobó el modificado en su momento, el Estado dio un préstamo a la Autoridad Portuaria. Los puertos se mueven en la autosuficiencia, pero tenemos mecanismos en la legislación portuaria para colaborar al sostenimiento de los puertos, como no puede ser de otra forma, dada la importancia que tiene el puerto para la economía en un territorio, para la economía regional».