El uso de canteras alejadas de El Musel subió en 120 millones el presupuesto de la obra

El uso de las canteras por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, contratista de las obras de ampliación del puerto de El Musel, y su gestión y control desde la Autoridad Portuaria de Gijón es lo que más dudas genera en los investigadores que redactaron el informe de recomendaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), de la Comisión Europea. Es más, indican que el uso de canteras situadas a más de diez kilómetros de distancia de las obras supuso un incremento en el presupuesto de 120,34 millones de euros.

Según Bruselas, varios fueron los factores que determinaron que el presupuesto se disparara. Según los controles 'in situ' realizados por los investigadores, estaba prevista la utilización de la cantera de Aboño -propiedad de Hidrocantábrico y la Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO), integrante de la UTE Dique Torres-, pero el hecho de que la eléctrica tuviera que edificar una nueva planta de desulfuración sobre los terrenos de la cantera, hizo que ya no se podía suministrar todo el material necesario para la obra del puerto.

Suspensión del permiso

Por ello, la UTE Dique Torres recurrió a canteras ubicadas en el concejo de Carreño, como las de Perecil I y II, La Hoya y Peña María, propiedad de Tudela Veguín. El informe de la OLAF apunta que esas canteras «suministraban los materiales a los precios inicialmente aprobados en el proyecto, pero su flujo de producción era inferior al que había sido previsto». Además, el Ayuntamiento de Carreño modificó el Plan General de Urbanismo en 2006 y suspendió el permiso de explotación de la cantera Perecil II. El informe explica que la UTE «se vio obligada a suministrarse de piedra en otras canteras muy alejadas (más de 10 kilómetros) del lugar de las obras. Así, los costes de los materiales empleados en la obra y del transporte aumentaron considerablemente (aproximadamente, 120,34 millones de euros) en relación al presupuesto inicial». Este fue el principal motivo aducido por la Autoridad Portuaria de Gijón para modificar el proyecto de ampliación en 216.314.095,10 euros.

18 canteras

La explotación de la cantera de La Hoya comenzó en 2006, según la OLAF, mientras que la de Aboño se pudo utilizar desde 2007, si bien aumentaron los costes de producción en la segunda debido a una reducción del rendimiento. La UTE Dique Torres utilizó «18 canteras para el aprovisionamiento de los materiales».

Desde Bruselas también se advierte de que, tras analizar los documentos enviados por las autoridades españolas en materia de Fondos de Cohesión, la cantidad prevista de material árido 'todo en uno' era de poco más de siete millones de metros cúbicos, mientras que «la cantidad había aumentado a 11.887.444,93 metros cúbicos de acuerdo con las mediciones llevadas a cabo para la elaboración de la última certificación de obra. Se constata una enorme desviación (4.809.143,93 metros cúbicos) en el consumo de este tipo de material empleado en los trabajos». El Puerto de Gijón adujo que la medición de los trabajos no se correspondía con lo que posteriormente se construyó, aunque el informe de la OLAF apunta que algunas unidades de obra previstas «no han sido ejecutadas».

Según los investigadores, la falta de control sobre el material que salía de las diferentes canteras fue total y pone como ejemplo la información obtenida de Tudela Veguín, cuyos representantes les indicaron que «no existían básculas en ninguna de las dos canteras -La Hoya y Peña María-. El pesaje se hacía únicamente en el Puerto de Gijón por la UTE Dique Torres y ésta después comunicaba los pesajes a Tudela Veguín». «Ninguna persona del Puerto de Gijón o de la asistencia técnica del proyecto cofinanciado estaba permanentemente presente en las canteras de La Hoya o Peña María». Pero es que la OLAF presenta otro apunte, como el hecho de que la cementera informó de que «Peña María, a efectos legales, no es considerada una cantera, sino un desmonte de suelo industrial».

Falta de transparencia

Anti Fraude resta importancia en su informe a que las presuntas irregularidades se hayan cometido en el proyecto original -subvencionado con Fondos de Cohesión con 198 millones de euros ya abonados y otros 49,5 pendientes- o en el modificado que la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea rechazó subvencionar. Y basa esa postura en lo reseñado por el Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de que «la aplicación de los nuevos precios, aunque éstos no hayan sido certificados como gasto subvencionable a la CE, podría ser contraria a lo estipulado en el contrato y constitutiva de una posible falta relativa a la debida transparencia en el procedimiento de contratación pública».