Las leyes de la selva

Cuando el presidente Alan García dictó el año pasado una decena de decretos conocidos como las 'leyes de la selva', abrió un frente de guerra con los indígenas de Perú. Los 'awajun' o 'aguaruna', la segunda etnia del país, se sintieron los más perjudicados. Más conocidos como 'jíbaros', son luchadores que ni los incas ni los colonizadores españoles fueron capaces de doblegar.

Ahora plantan cara al mandatario del país. Apoyados por 64 grupos nativos, reclaman desde hace meses la derogación de esa legislación que favorece las inversiones extranjeras. García espera convertir a Perú en un nuevo proveedor de petróleo y gas natural en Sudamérica. Pero esas exploraciones masivas, de rebote, contaminarán las fuentes de agua y dañarán la flora y la fauna.

El Parlamento debatió los preceptos ejecutivos y, en diciembre, un comité multipartito los consideró inconstitucionales. Sin embargo, el Gobierno los mantuvo. Pero también continuaron las protestas, endureciéndose desde el 9 de abril. Los 'awajun' ya han dejado de reducir las cabezas de sus enemigos, pero -con caras pintadas como señal de guerra, lanzas de madera y campamentos para sus esposas e hijos- impusieron su voluntad 55 días.

A 1.400 kilómetros de Lima, los bloqueos de carreteras y fluviales y la toma de plantas petroleras provocaron cierto desabastecimiento en el país. Mientras, en la capital el Ejecutivo y dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana intentaban dialogar. Un diálogo que se rompió el día 5, tras los choques violentos entre policías y nativos en Bagua que se saldaron oficialmente con 34 muertos, de ellos 24 agentes, y oficiosamente, con 50.

Protestas nacionalistas

El Congreso suspendió los decretos 1090 y 1064 90 días para negociar su modificación, pero los nacionalistas buscan su eliminación total. El diputado de esta facción, Roger Nájar, afirmó que se han dirigido a la comunidad internacional para «denunciar el maltrato y desprecio que se siente por las comunidades nativas».

Asimismo, exige que se levante el estado de emergencia en el Amazonas, el toque de queda en Bagua, y el cese de los «helicópteros militares y policiales» en la zona porque «generaron zozobra» especialmente en los niños.

García, por su parte, está decidido a mantener los altos índices de crecimiento del país -9,8% en 2008- y a cumplir con el proceso para aplicar el Tratado de Libre Comercio con EE UU. El presidente sostiene que necesita esas leyes para explorar los recursos de esa región y mantener el desarrollo de la nación.

El problema es que aunque Perú es uno de los mayores productores del mundo de vanadio, cobre, plata; extrae cinc, plomo hierro y oro; y las laderas y planicies orientales de la cuenca del Amazonas acoge importantes reservas petroleras y de gas natural -así como grandes recursos forestales- sus beneficios no llegan a los indígenas.

Estos denunciaron que el mandatario, en una sola ronda de licitaciones, otorgó concesiones para la explotación petrolera de 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio.