Jovellanos, en el centro del poder

El 1 de septiembre de 1808 la Junta General del Principado de Asturias, entonces 'Suprema' (soberana), eligió a Gaspar Melchor de Jovellanos y al marqués de Camposagrado como sus representantes en la Junta que debía asumir el poder unificado de las provincias levantadas contra la invasión napoleónica. Son tantas las decisiones trascendentales que adopta la Junta asturiana en 1808 que resulta difícil señalar una como la más relevante, pero, sin duda, ésta va a influir de manera decisiva en la historia de España. No se trata de atribuirle en exclusiva a una sola persona, aunque tuviera la talla intelectual del ilustrado gijonés, la paternidad de la decisión que dio un giro a la evolución política del bando patriota y abrió el camino a la revolución liberal española, la convocatoria de Cortes realizada por la Central en 1809, pero las cosas se hubieran desarrollado de forma muy diferente si no hubiera formado parte de ella.

Jovellanos era en 1808 una figura respetada y admirada, no sólo como prototipo de la ilustración, sino por su integridad y porque se había convertido en un símbolo de la arbitrariedad del despotismo de Godoy. Que era popular lo demuestra el entusiasmo que despierta a su paso por Aragón, camino de Jadraque. El interés de José I por incorporarlo a su gabinete prueba el papel que unos y otros le concedían en la construcción la nueva España que debería nacer de la crisis.

Paralelamente, numerosos escritos, tanto de Juntas como de particulares, reclaman desde principios de junio su incorporación al gobierno que debe crearse para dirigir la España patriota. Pronto se convirtió en la principal figura política de la Central, sobre todo tras el fallecimiento del anciano, y entonces muy conservador, conde de Floridablanca. A pesar de ello, sus opiniones sobre la organización del nuevo poder fueron rechazadas inicialmente y no le resultó fácil sacar adelante la convocatoria de Cortes, pero su prestigio y su inteligencia acabarían permitiéndole resolver positivamente el 'grand affaire', así se refería a él en su correspondencia con lord Holland.

Podría pensarse que, gracias a ese prestigio, su elección como diputado de Asturias en el nuevo gobierno central debió resultar fácil, pero nada más alejado de la realidad. También entonces, como había sucedido con creación del instituto y otras iniciativas anteriores del ilustrado, las ambiciones personales y las intrigas se interpusieron en su camino. La Junta General había elegido en agosto a cuatro representantes que deberían formar parte de un órgano - denominado inicialmente Cortes- que coordinaría a Galicia, Castilla, León y Asturias.

Efectivamente llegó a constituirse una efímera Junta de los tres reinos de Galicia, León y Castilla, pero Asturias abandonó el proyecto tras la retirada de los franceses de la mayor parte de la península, que abrió el camino para la creación de una Junta Central. Al menos uno de los designados -Ignacio Flórez- quería que su elección siguiese siendo válida para el nuevo organismo y, junto a otros procuradores, no deseaba una nueva votación que permitiese la de Jovellanos. Parece que ésta fue una de las razones que indujeron a Álvaro Flórez Estrada a promover una renovación de la Junta y de los poderes de los procuradores, que no habían sido emitidos para un órgano de gobierno convertido en soberano.

A Flórez Estrada, Procurador General del Principado, cabeza de la tendencia más abiertamente liberal y reformista de la Junta, debemos la elección de Jovellanos para formar parte de la nueva Junta Central. La Junta renovada -a la que ya no pertenecerían ni Ignacio Flórez, ni Gregorio Jove, su principal valedor- adoptó este acuerdo en su primera reunión, celebrada el 1 de septiembre de 1808. Por cierto, lo primero que hizo D. Gaspar cuando recibió el poder que, con fecha de 3 de septiembre, le había expedido la Junta General fue renunciar a las dietas que le correspondían.

Jovellanos asumía así, con 64 años, la que probablemente fue su mayor responsabilidad política. No pretendo restar importancia a su breve paso por el Ministerio de Justicia, pero ahora formará parte del órgano que desempeñará tanto las funciones legislativas como la dirección del poder ejecutivo en un momento crucial de la historia de España.

Muy pronto planteó en la Junta Central la necesidad de convocar Cortes. La propuesta, que expuso detalladamente en el 'Dictamen sobre la institución del nuevo gobierno', de 7 de octubre de 1808, llevaba aparejada la creación de un Consejo de Regencia en el que residiría el poder ejecutivo, por ello su posición ha sido en ocasiones asimilada, erróneamente, a la de quienes, desde una perspectiva conservadora, querían el restablecimiento del sistema institucional del Antiguo Régimen.

Para Jovellanos la designación del Consejo, que se instalaría el 1 de enero siguiente, debía ser simultánea a la convocatoria de Cortes para 1810. Su mandato finalizaría cuando se constituyese el parlamento. Si se consideraba necesario, para limitar la tentación de que la Regencia se convirtiese en un poder autoritario, podría renovarse anualmente, de forma total o parcial. Paralelamente, se establecerían cinco o seis ministerios (los entonces existentes más uno para ultramar).

La creación del Consejo de Regencia no supondría la disolución de la Junta Central, sino su reducción, ya que quedaría integrada por un diputado de cada Junta y se convertiría en una Junta Central de correspondencia, que coordinaría a las provinciales, controlaría a la Regencia y prepararía la reunión de las Cortes de forma muy similar a como realmente lo haría la Central en 1809. Entre las tareas de las Cortes se encontraba la reforma de la constitución. Jovellanos defenderá en 1808 lo mismo que en 1809 o en 1811, que era necesario convocar unas Cortes que ejerciesen el poder legislativo, dejando el ejecutivo a la Regencia, y que realizasen las reformas necesarias, actualizando una constitución histórica que, desde su punto de vista, existía, pero no se aplicaba totalmente y necesitaba cambios que la adaptasen a las necesidades de la España de comienzos el siglo XIX. Esa 'reforma constitucional' no sólo suponía revitalizar unas Cortes relegadas por el absolutismo a un papel casi decorativo, sino convertirlas en un parlamento bicameral al estilo británico.

Su propuesta fue rechazada, pero en noviembre le plantearía a lord Holland cuales eran sus objetivos y las dificultades con que se encontraban: «Y viniendo ahora a las esperanzas y deseos de V.E. acerca de la reforma de nuestra Constitución, y que son enteramente unívocos con los míos, yo no sé todavía lo que en esto se puede pronosticar. No hay un español dentro ni fuera de nosotros que no los tenga o forme; pero me temo que la diferencia en los medios de caminar a tan santo fin pueda frustrar su logro. En la misma Constitución tenemos señalado el camino, con sólo reunir las Cortes, preparando antes los planes de reforma que debieran sancionar; pero esta reunión no agrada a algunos, que no quisieran restituir a ellas la autoridad que disfrutan».

Apoyándose en los jóvenes más liberales de la Central, aunque moderando su propuesta, logró sacar a delante el decreto de convocatoria de Cortes el 22 de mayo de 1809. Posteriormente se creó una comisión para prepararlas, se puso en marcha la llamada 'consulta al país' y se crearon una serie de juntas para planear la labor legislativa, en ellas estarían futuros diputados de las Cortes de Cádiz, como Agustín Argüelles, que utilizarían sus trabajos en su nueva tarea de legisladores.

La gestión de la Junta Central, que se desarrolló en una situación muy difícil, fue contradictoria y discutida, pero en su haber queda, sin duda, la decisión de convocar Cortes. De justicia es que la recordemos hoy que conmemoramos la elección por la Junta General del Principado de Asturias de quien fue su principal promotor. Desde luego, la labor de Jovellanos en la Junta Central fue mucho más amplia y su pensamiento está presente en varios de sus textos legislativos. No es este el momento de extendernos sobre ella, pero quizá sea conveniente mencionar su defensa de la Junta General del Principado cuando fue suprimida por el marqués de la Romana el 2 de mayo de 1809, muy coherente con sus ideas sobre la constitución histórica.