Los dos policías que interrogaron a los becarios de Nacho Cano, citados por presuntas coacciones

Nueva vuelta de tuerca al 'caso Nacho Cano'. A la investigación principal contra el productor que sigue un juzgado de Madrid por «explotar» supuestamente a sus becarios, la querella admitida contra el músico por injuriar a un comisario de la Policía y las presuntas amenazas que indaga otro órgano por parte de la aprendiz que lo denunció, este martes se sumó un nuevo capítulo judicial.

El Juzgado de Instrucción número 38 de la capital de España ha llamado a declarar como investigados a dos de los policías que interrogaron a una de las becarias de Nacho Cano, de nombre María del Pilar Sánchez Soto, que, como los otros 16, denunciaron presuntas coacciones durante los encuentros. Los estudiantes, orientados por los abogados del promotor musical, el conocido despacho Cremades & Calvo Sotelo, usaron una denuncia modelo que hasta ahora habían sido archivadas por todos los titulares los juzgados en los que habían recaído por reparto. Hasta que ha caído en manos del magistrado Carlos Valle.

Se trata de los mismos agentes que ya comparecieron en otro juzgado de instrucción, esta vez el número 19, para ratificar su atestado inicial y declarar que los jóvenes artistas estaban «explotados». Precisamente, la investigación policial comenzó hace un año por una denuncia de otra de estas becarias, Lesly Guadalupe Ochoa, contra el compositor y parte de su equipo interpuesta en la comisaría del distrito Centro de Madrid, dirigida por el comisario Alberto Carba, quien decidió emprender acciones legales contra Nacho Cano por injurias y calumnias.

Posteriormente, los abogados de Cano asesoraron a los becarios para que denunciaran (con denuncias proforma) a los dos policías, quienes dicen que les retuvieron contra su voluntad durante horas en comisaría y les quitaron sus teléfonos móviles, dejándolos incomunicados. La querella señala a los agentes por presuntas coacciones y detención ilegal y el juez, Carlos Valle, ha citado a los dos agentes el próximo 27 de febrero en los juzgados ubicados en la Plaza de Castilla de Madrid para tomarles declaración.

En la causa principal, que lleva la magistrada María Inmaculada Iglesias en el Juzgado de Instrucción número 19, declaró el 13 de enero pasado Nacho Cano y tres de sus colaboradoras por delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros. Ante la jueza, Cano se mostró «altivo», según fuentes jurídicas, y la magistrada tuvo que llamarle varias veces la atención. El productor aseguró que él estaba pendiente de la «parte artística» del musical Malinche y que no gestionaba temas como los contratos. A la salida de los juzgados, volvió a asegurar que hay una conspiración estatal contra él como figura destacada de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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