La disolución de las Cortes cortocircuita la agenda de leyes sociales del Gobierno

Ley de familia

El proyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado marzo y ya había dado sus primeros pasos en el Congreso. Introducía tres tipos de permisos remunerados para cuidar a los hijos, a familiares y convivientes, y ampliaba el número de beneficiarias del cheque de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años (trabajadoras y se preveía incluir también en paro). Por último, las familias monoparentales tendrían los mismos derechos que las numerosas.

Ley de la función pública

El texto presentado por el Gobierno se encontraba pendiente de su tramitación en el Congreso y tenía a los sindicatos del sector público pendientes. Entre otras cosas, incluye la mejora de las carreras profesionales, nuevas exigencias para los altos cargos o sistemas para medir la productividad apoyados en suplementos salariales a los funcionarios.

Plan Justicia 2030

Este proyecto marcará el futuro inmediato de la organización del mapa judicial del país. De esta iniciativa saldrán tres leyes que lo sustenten: la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Procesal. Los sindicatos de la Justicia habían pedido estar presentes en el debate parlamentario. Para impulsar este proyecto el ministerio había recibido 470 millones de fondos europeos.

Ley que regula la prostitución

Esta regulación estaba en fase de enmiendas y hace solo dos meses todo indicaba que la prohibición de la prostitución estaba muy cerca por las posturas cercanas de PSOE y PP. La proposición pretendía convertir en delito lucrarse con la prostitución (hasta cuatro años de prisión al proxeneta), clausurar los burdeles pese a la participación voluntaria de quienes se prostituyan (esta conducta no sería punible) y multar a los puteros.

Ley de movilidad sostenible

Esta regulación estaba en fase de enmiendas y el Gobierno estaba convencido de aprobarla antes de otoño. Los cuatro pilares eran el reconocimiento de la movilidad como un derecho social y un factor de cohesión comunitaria; la descarbonización del sector y la reducción de emisiones contaminantes para mejorar la calidad del aire en grandes ciudades; la innovación y digitalización del sistema, para lo que se contemplaba la creación de una gran base de datos que permitiera mejorar la planificación de infraestructuras; y optimizar el gasto en transporte y movilidad, incluyendo herramientas que incentiven el peso de la participación pública y la transparencia en este plan.

Ley de bomberos forestales

Esta norma pretendía asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes a los bomberos forestales y agentes medioambientales en todo el país. Hasta ahora, las comunidades regulan ambas figuras conforme a sus competencias y esto provoca desigualdades entre los trabajadores. Además, los agentes forestales y medioambientales pasarían a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación de colaboración con la Guardia Civil.

Ley de enseñanzas artísticas

La norma impulsada por Educación equiparaba las enseñanzas superiores de Arte Dramático, Música o Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Artes Plásticas o Diseño a los grados universitarios. El acceso a las becas también se igualaba, el profesorado no necesitaría tener doctorado y se le daba a los centros de enseñanza autonomía académica y de gestión.

Ley del cine y la cultura audiovisual

Era una de las iniciativas cuya tramitación estaba más avanzada, a falta de pasar por el Senado. Una de sus claves era la entrada de las series, lo que abría la posibilidad de que estas pudieran recibir ayudas para su producción. Esto provocaba que las plataformas de contenidos televisivos tuvieran que ser transparentes con sus datos de visionado, algo que ahora no ocurre.

Ley del desperdicio alimentario

Solo quedaba también su paso por el Senado. Con ella, España hubiera sido el tercer país de la UE que intentaba legislar para evitar que más de 1.300 millones de kilos de comida acaben cada año en la basura. No solo en los hogares de los ciudadanos, sino también en los distintos eslabones de la cadena de producción, que tendrían que elaborar planes específicos de prevención para evitar el desperdicio. De lo contrario, sancionaba con multas de entre 2.000 y 60.000 euros, y de hasta 500.000 euros para los actores reincidentes.