La reforma local del siglo XXI sigue pendiente

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido la respuesta del Gobierno para adaptar la normativa básica en esta materia a las exigencias derivadas de la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos en España. Se pretende limitar el déficit presupuestario de las administraciones públicas, de manera que se reduzca de manera visible la deuda del sector público español. Sin embargo, los cambios que se impulsan con esta ley no responden a la tan esperada y demandada reforma de las administraciones locales, sino más bien de una reforma parcial, que incluso desde ámbito financiero tiene un interés limitado puesto que no aborda de modo integral la financiación local para garantizar su sostenibilidad a medio plazo, ni siquiera se crean nuevos impuestos u otras fuentes de financiación que ayuden realmente a sanear las arcas municipales.

La reforma que implica esta ley deja muy cuestionada la garantía constitucional de la autonomía local y degrada el papel de los entes locales al configurar a los ayuntamientos como meros prestadores de servicios, negándoles buena parte del contenido que deriva de los principios de autonomía y democrático por el que son elegidos, en clara contradicción además con dispuesto en la Carta Europa de la Autonomía Local. Del mismo modo la reordenación y clarificación del sistema competencial ha sido, hasta la fecha, un objetivo incumplido y la racionalización de la Administración Local y el nuevo papel de las diputaciones provinciales tampoco ha terminado por concretarse, salvo en aspectos puntuales. La confusión se ha incrementado y la inseguridad también. Además, muchas de las previsiones de la ley, como la exigencia del traspaso de la competencia municipal en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas que debería hacerse efectiva a 31 de diciembre de 2015, suponen una clara intromisión del Estado en las competencias autonómicas sobre régimen local y una ruptura con el modelo de progresiva interiorización de dicho régimen por las comunidades autónomas.

La contestación política y jurídica que ha provocado la ley en el ámbito local y autonómico se ha traducido en el planteamiento de un conflicto en defensa de la autonomía local por cerca de 3.000 ayuntamientos a los cuales se suman nueve recursos de inconstitucionalidad admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional pendientes todavía de resolución. Por el momento los resultados de la aplicación de la ley siguen siendo inciertos y variados en función delas interpretaciones que de la misma están haciendo las diferentes comunidades autónomas.

Esperemos que el próximo Gobierno sea consciente de que las reglas del juego de las instituciones no pueden cambiarse unilateralmente y que requieren además un amplio consenso político e institucional para conseguir sus propósitos porque después de esta ley lo que parece evidente es que la reforma local del siglo XXI sigue siendo todavía una cuestión pendiente.