Voto por correo: el talón de Aquiles del sistema electoral

Detrás de su líder, Mustafá Aberchán, ya condenado por amañar los comicios al Senado en 2008, vuelven las dudas sobre la limpieza del voto por correo. Hasta estas elecciones, la compra del sufragio postal no había estado nunca en los titulares, pero lo cierto es que en las últimas dos décadas ha habido decenas de sentencias condenatorias por compras (no supuestas) de sufragios a cambio de entre 50 y 200 euros. Siempre entre los más desfavorecidos: votos a cambio de pañales, de un mes de alquiler, de promesas de trabajo… A veces, también, mordidas en forma de pequeñísimas cantidades de hachís o coca como parecer ser el caso de la trama de Albudeite. O dinero contante procedente de las administraciones públicas en el caso de Melilla, tal y como asegura ya la Fiscalía Anticorrupción.

Sea como fuere, el voto correo se ha situado ya en el centro de la sospecha. Pero las reticencias sobre el sufragio postal no son nuevas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 es la que establece en sus artículos 72 y 73 que los electores deberán identificarse a la hora de pedir el voto por correo y al recibir de manos del cartero la documentación, pero no al registrar su papeletas junto al «certificado en el sobre dirigido a la Mesa».

Y ahí está la trampa. Mandos de las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional de estos días coinciden en que los objetivos de estas tramas que salpican al PSOE, CpM o a la Agrupación Socialista Gomera escindida del partido de Sánchez (ASG) son siempre los más desfavorecidos económicamente.

El modus operandi de las cuatro grandes tramas descubiertas este 28-M ha sido similar, pero no idéntico. Según la Brigada Provincial de Información, en el caso de Melilla, la más burda de las tramas, era dinero y promesas a cambio de solicitar el voto, de recibir el 'set' electoral (de manos del fedatario público, el cartero) y de dejar en manos de esa documentación (papeletas y sobre certificado) de los miembros de la trama encargados de certificarlos.

Pero no ha sido así siempre. Las investigaciones de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que en el caso de la otra gran trama de estas elecciones locales, la de captación del voto socialista en Mojácar, algo más refinada, la red evitó expresamente levantar sospechas registrando masivamente votos y obligó a cada uno de los electores captados a volver personalmente a las oficinas para registrar su papeleta.

Esta técnica más depurada también fue adoptada por la trama afín de a CpM cuando la pasada semana la Junta Electoral de Zona (JEZ) y la Junta Electoral Central (JEC) empezaron a exigir la identificación a todo el que registrara en las oficinas votos para la Asamblea de la ciudad. La trama -explican fuentes del caso- redobló su soborno hasta 200 euros por sufragio a los electores que, además de pedir su derecho a votar, se prestaran a ir personalmente a registrar su papeleta.

Esto explicaría que, a pesar de los controles de la juntas , finalmente se validaran 5.814 votos por correo en Melilla de las 11.707 solicitudes iniciales. Aunque la Policía cree haber evitado que la mitad de los votos fraudulentos hayan llegado a la urnas, lo cierto es que los mandos de la investigación reconocen que cerca de 4.000 papeletas bajo sospecha serán contabilizadas este domingo. Es más: que la mitad de estos votos (unas 2.000 papeletas) se registraron cuando la JEZ y la JEC ya habían impuesto sus controles y la obligatoriedad del DNI. Lo que demostraría que una reforma de la Loreg para forzar a identificar a los depositarios de los sufragios también sería soslayable.