Feijóo marca perfil frente a Ayuso y Vox al dar por inviable la ilegalización de Bildu

El equipo jurídico del PP lleva días estudiando las posibilidades de actuar contra las candidaturas de Bildu pero su ilegalización no ha estado entre las opciones encima de la mesa por más que la presidenta de la Comunidad de Madrid insista en que es necesario explorar esta vía a partir de la ley que, en 2003, permitió proscribir a Batasuna. «Con la legislación actual –reiteran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo–, eso no encaja». Cosa distinta sería un cambio legislativo para exigir un plus de elegibilidad que garantice candidaturas éticas, un debate que en todo caso los populares ven complejo porque no sólo afectaría a la ley electoral sino también a la Constitución. Y abrir ese melón, reconocen en Génova, sigue siendo complejo.

Díaz Ayuso no comparte esa opinión y tampoco lo oculta. Este jueves se volvió a desmarcar de la posición oficial de Génova. «Yo creo que la ley se debería revisar, que deberíamos intentarlo. No es ir en contra de la ley ni retorcer las instituciones. Es entender que partidos que ya no solo han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos del País Vasco, no pueden incurrir en elecciones», lanzaba en un acto en Madrid en presencia del presidente de PP vasco, Carlos Iturgaiz, con quien hará campaña este fin de semana en Bilbao.

La dirigente autonómica apela al artículo 11 de la Ley de Partidos como forma de ejecutar la ilegalización de la formación independentista vasca para instar a las dos Cámaras a que «inicien esos trámites en la sala competente». Según la normativa, para poner en marcha ese proceso, que deberá contar con la deliberación del Consejo de Ministros, hay que presentar una demanda ante la Sala especial del Tribunal Supremo. «Bildu no son los herederos de ETA; es ETA. La organización está viva», aseveraba Díaz Ayuso despertando con ello las críticas de víctimas de la banda. «Es la banalización en estado puro», dijo la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, cuyo hermano, Gregorio, era cargo del PP cuando fue asesinado.

En Génova desdeñan esa posibilidad porque «no se incurriría en ese supuesto» y dejan el peso de las decisiones en el Gobierno, «que es quien tiene que poner a disposición del Estado los instrumentos, como la Abogacía o la Fiscalía» para valorar las opciones. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no quiso desautorizar en público a la presidenta madrileña e intentó trasladar la pelota al tejado de Pedro Sánchez y su Ejecutivo. «Lo que no puede entender la sociedad española es que el Gobierno –enfatizó– no pregunte a la Abogacía del Estado y no le consulte si se incurre en ese supuesto».

El portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, echó por tierra, sin embargo, los planes de Díaz Ayuso al reconocer que su partido «acepta» que Bildu esté en las instituciones y poniendo el foco en que lo que hay que hacer es «combatirla» democráticamente. «Nosotros aceptamos con naturalidad democrática que Bildu esté en las instituciones. Pero esto es una cosa y otra muy diferente es que la gobernabilidad del país descanse sobre quienes no quieren lo mejor para el país y quienes no han abjurado su pasado», aseguró desde Santiago de Compostela.

Hace tiempo que en la dirección nacional se asume con naturalidad que la baronesa madrileña siga siendo un verso suelto en sus filas y discrepe o endurezca las posiciones de Feijóo. Entienden que lo hace en su intento por arañar votos a Vox para lograr así una mayoría absoluta –la última encuesta de Sigma Dos le deja a un escaño– que sirva, además, para encumbrar al líder gallego en la Moncloa.

Es un ejercicio de comprensión similar al que la dirección del PSOE hace, en sus propias filas, con figuras como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el de Aragón, Javier Lambán, con quien este jueves Pedro Sánchez compartió acto en Zaragoza, «siempre –matizan– que se respeten algunos límites».

Lambán, el primer socialista en advertir, hace una semana, que había que romper con Bildu, demostró que está dispuesto a hacer equilibrios para intentar que el principal partido de la oposición no pueda sacar todo el jugo a sus discrepancias con el presidente, aunque no se resistió a volver a pronunciarse sobre una polémica que el jefe del Ejecutivo ni mencionó.

Por un lado, reiteró que con los «herederos» de ETA no hay que tener «ninguna relación» pero también tildó de «abyecta» la «utilización de las víctimas» por parte del PP. Defendió que hay que lograr que «el legado moral» que representan las víctimas sea asumido por toda la sociedad y dijo que, para ello, el PP debe «rectificar» porque su posición es «divisoria», pero también advirtió a Sánchez de que es el PSOE el que debe liderar esa «faena».