Los partidos plantean un programa de obra pública que choca con la escasez de recursos

La discusión sobre las necesidades del Principado en el ámbito de las infraestructuras pivota en estas elecciones en torno a una paradoja: las propuestas de los partidos tienen en muchas ocasiones más que ver con la petición al Gobierno central de que atienda los múltiples compromisos que tiene pendientes en Asturias que con las obras que dependen directamente del Ejecutivo asturiano, el que saldrá de las elecciones autonómicas del próximo día 26. Una circunstancia que tiene mucho que ver con la demora que arrastran actuaciones clave para la comunidad, con la línea de alta velocidad con Madrid y la entrada a través de la variante de Pajares como principal exponente, y también con el reducido margen de maniobra con que cuenta la administración regional, que maneja unos volúmenes de inversión muy modestos, para impulsar iniciativas propias. Se mira, pues, más hacia la Moncloa que hacia las decisiones que se puedan tomar en el despacho presidencial de la ovetense calle de Suárez de la Riva.

Entre los partidos que ayer discutieron en Oviedo existe una amplia coincidencia respecto de los proyectos a culminar, ejecutar o planificar -según sea su actual estado de tramitación- en los próximos años, una vez que las generales del 28-A primero y las autonómicas, municipales y europeas del 26-M ahora despejarán por un tiempo el panorama político. Con mayor o menor intensidad y con matices atendiendo a las peculiaridades de cada formación, se apunta como prioridades a la conclusión de la variante de Pajares y el avance definitivo de la conexión de alta velocidad ferroviaria con Madrid, la mejora de la red de cercanías, la conclusión de la autovía a La Espina y su prolongación hacia Cangas y si fuera posible hacia la Meseta, el impulso y desarrollo del plan de vías de Gijón, la rebaja o supresión del peaje del Huerna, la eliminación de la barrera ferroviaria de Avilés, el restablecimiento de la autopista del mar o el incremento de servicios del aeropuerto.

El conflicto arrecia cuando se pasa del fondo, de los proyectos en sí, a las formas, a las responsabilidades de la demora, en algunos casos eterna, que acumula su finalización. Aquí sí aparecen las discrepancias, tanto entre el PSOE y el PP, en la medida en que ambos han asumido las responsabilidades de gobierno de forma alterna y mayoritaria, como del resto de formaciones hacia los dos grandes partidos, en competencia por ver cuál sale favorecida del intento de desgastar al adversario.

Cada cual presume de sus fortalezas. El representante socialista, Ángel Morales, señaló que solo el PSOE puede formar en Asturias un gobierno «estable» que trabaje de forma «coordinada» con Madrid en el impulso de los principales proyectos. Rafael Palacios, de Podemos, fue beligerante al reclamar auditorías de gasto tanto en lo relativo a las obras de la variante de Pajares como de la extensión de la concesión del peaje del Huerna y la «discriminación» que ello ha supuesto para los asturianos. Ovidio Zapico, de IU, alertó de que la comunidad vive en una situación de «cuasi insularidad» y defendió medidas como la asunción de las competencias en materia ferroviaria para mejorar la prestación de las cercanías o una comisión bilateral entre las administraciones central y regional para supervisar la ejecución de las obras.

Desde la otra trinchera ideológica, el popular Ramón García Cañal cargó contra el PSOE por haber orillado proyectos y partidas económicas para Asturias comprometidos por el anterior gabinete de Mariano Rajoy. Carmen Fernández, de Foro, reivindicó el legado en la materia de Francisco Álvarez-Cascos y atacó los intentos de redimensionar a la baja el proyecto del AVE. Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, anotó que la cuestión no es tanto qué proyectos impulsar, ya que existe cierto consenso, sino que exista «voluntad política» para sacarlos adelante, y tendió la mano al resto de partidos para propiciar «grandes acuerdos». Y el representante de Vox, Roberto Fernández Argüelles, alertó del coste negativo que para Asturias han supuesto los «reinos de taifas» autonómicos y un modelo territorial que penaliza a las regiones con menor peso político, económico y demográfico.