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ANDRÉS SUÁREZ
OVIEDO.
Domingo, 12 de mayo 2019, 04:10
El nuevo gobierno asturiano que surja de las urnas el 26-M deberá asumir y gestionar una situación económica y presupuestaria con claroscuros. Está claro que las cosas han mejorado respecto de los tiempos más duros de la gran recesión, cuando las cuentas apenas daban ... para sostener los servicios básicos y la inversión se hundió hasta niveles históricamente mínimos. Pero también es cierto que el margen para las alegrías es contenido porque aunque los ingresos han aumentado, los gastos también. Hay facturas que puntualmente hay que atender y entre ellas está el endeudamiento, desde hace años instalado ya por encima de la frontera de los 4.000 millones de euros aunque -también es verdad- entre los más ajustados del mapa autonómico. El próximo presidente y su equipo deberán afrontar vencimientos de deuda por un importe superior a los 500 millones de euros en cada uno de los cuatro ejercicios de su mandato, según el calendario actualizado que acaba de hacer público el Principado en su portal de transparencia.
El endeudamiento y su gestión ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes debates políticos y parlamentarios de la pasada legislatura. El último dato disponible corresponde al cierre de 2018 y sitúa el pasivo del Principado en 4.351 millones de euros, un 18,3% del PIB regional. No es la cifra más elevada de la serie, ya que en el tercer trimestre del pasado ejercicio había escalado por encima de los 4.500 millones, pero se mantiene en niveles elevados atendiendo al análisis de las estadísticas de la última década.
Un periodo en el que el endeudamiento del Principado se ha multiplicado por cuatro. En 2008, cuando se sitúa el estallido de la gran recesión, el pasivo de la comunidad se situaba en 770 millones. Al término del pasado ejercicio estaba en 4.351 millones. Por el medio, una tormenta económica sin precedentes que llevó a las administraciones públicas a movilizar hasta el último euro disponible para combatir la atonía de gasto del sector privado. En ese proceso, la mochila fue haciéndose cada vez más y más pesada.
Claro que sobre el manejo de la deuda hay muchos puntos de vista. El Gobierno regional y el PSOE, que se han ocupado de la política económica y presupuestaria en la mayoría de este tiempo, alegan que han recurrido a este instrumento de forma «prudente y justificada» con el objetivo tanto de sostener el funcionamiento de los servicios públicos básicos -sanidad, educación, políticas sociales...- como de asegurar un mínimo esfuerzo inversor que permitiese introducir un punto de dinamismo en una actividad económica que ha pasado años realmente duros. Los socialistas apuntan además que el endeudamiento del Principado se encuentra entre los más bajos del país y siempre muy por debajo de la media: un 18,3% del PIB frente al 24,3% del conjunto de comunidades.
Una visión que no es compartida por los grupos de la oposición, singularmente aquellos que se mueven en el espectro ideológico del centro-derecha. Partido Popular, Ciudadanos o Foro llevan años alertando del riesgo del endeudamiento creciente de la comunidad y poniendo el dedo en la llaga de la gestión del mismo: según su interpretación, el problema es que los recursos que se movilizan por esta vía no se destinan a invertir y generar actividad sino que en muchos casos van a soportar «gasto corriente e ineficiente», como parte de lo que consideran un bucle infinito que perpetúa a Asturias en el vagón de cola de las comunidades en cuanto a músculo y pujanza económica.
Guste más o menos, la deuda existe, está ahí y hay que despejarla de la mejor manera posible. La actualización del calendario de vencimientos establece los pagos a gestionar en los próximos ejercicios. Para el año en marcha hay una previsión de 428 millones de euros, y para el mandato que deberá afrontar el gobierno que salga de las urnas el próximo día 26 las cantidades se sitúan siempre por encima de los 500 millones: 505 millones en 2020, 563 millones en 2021, 522 millones en 2022 y 538 millones en 2023. Cifras estimativas que se irán actualizando en la medida en que se vayan liquidando amortizaciones y, al mismo tiempo, se vayan asumiendo nuevos compromisos de financiación.
A los vencimientos hay que añadir el pago de los correspondientes intereses, aunque es verdad que la relajación de las tensiones financieras ha facilitado a las administraciones públicas, y en concreto a las comunidades autónomas, el acceso a unos mercados bancarios que en los tiempos más duros de la crisis llegaron a estar prácticamente cerrados. La factura a liquidar por este concepto se ha reducido notablemente y, de hecho, el Principado ha renegociado en más de una ocasión bloques de endeudamiento con la banca que le han permitido abaratar los pagos.
El pasivo del Principado, según los datos relativos a la estructura de la deuda recogidos por el portal de transparencia, está en su totalidad en euros, excluyendo la opción de las divisas. El 93,4% corresponde a préstamos y solo un 6,6% a bonos. Y el 78,1% está contratado a interés fijo, por un 21,9% variable.
El crecimiento exponencial de la deuda es común al conjunto de las autonomías y la deriva de algunas ha llegado a cotas realmente preocupantes. Probablemente la Comunidad Valenciana sea la que presente una situación más problemática, toda vez que el pasivo, de 47.084 millones de euros, representa el 41,8% de la riqueza del territorio. En circunstancias similares están Castilla-La Mancha, con un endeudamiento que se sitúa en el 35,2% del PIB, o Cataluña, que se posiciona en el 33,9%.
En términos absolutos, el endeudamiento de las autonomías ascendía al cierre de 2018 a 293.128 millones, con Cataluña con la comunidad con el montante más elevado al llegar a 78.352 millones, seguida de Valencia con los 47.084 millones antes mencionados.
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