EDITORIAL | TRIPLE LLAMADA A LAS URNAS

Las elecciones autonómicas tienen un doble interés, el derivado de la gestión de las competencias que recaen sobre los órganos del autogobierno y la tendencia política que muestran. Al haberse celebrado elecciones generales el mes pasado, habrá que ver hasta qué punto se confirman o modifican las preferencias de los electores. No obstante, la experiencia enseña que la ciudadanía diferencia las características de cada elección. No hay un traslado mecánico de las tendencias de voto de unas urnas a otras.

En Asturias, las huellas de la crisis económica no se han borrado. La baja tasa de ocupación, la emigración de los jóvenes, el despoblamiento, las dificultades sobrevenidas para nuestro sector industrial por el precio de la energía y las estrategias implementadas contra el cambio climático, las demandas crecientes en algunos servicios públicos (sanidad) o en prestaciones sociales (salario social), la demora en la construcción de infraestructuras vitales (la variante de Pajares), el déficit de recursos para I+D+i, la presión fiscal, la financiación autonómica, los problemas de las explotaciones ganaderas o la necesidad de mejorar la empleabilidad de la mano de obra con una formación profesional conectada con las demandas del mundo empresarial, constituyen una amplia problemática con rasgos propios. Algunas de estas cuestiones están bajo la competencia del Principado y en otras debe tener capacidad de interlocución con la Administración central por afectar a los intereses generales de la región. Tarea para los nuevos cargos electos. Los ayuntamientos han sido el pariente pobre de las administraciones. Carecen de un sistema de financiación negociado con el Estado, perdieron la fuente de ingresos que suponía un sector de la construcción potente y han sufrido los rigores de la regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda. El recorte de recursos del Estado en la aplicación de la Ley de la Dependencia y el atasco en la concesión de ayudas sociales por parte del Principado han originado que las personas necesitadas buscaran refugio en sus presupuestos. Aunque no todos las corporaciones locales han actuado igual, hay que decir que, en general, han sido más receptivas a los intereses de los ciudadanos, demostrando que la etiqueta de administración más próxima tiene consecuencias prácticas. Es necesario que tengan un mayor margen de disposición para gestionar sus superávit y una mayor receptividad por parte del Principado y el Estado ante sus peticiones.

La resolución de los problemas exige de un marco adecuado. La estabilidad institucional es una condición obligada para avanzar. Sin ella no sólo se ralentiza la actividad de la Administración sino que el sector privado pospone sus decisiones. Todos los partidos deben de colaborar en el asentamiento de una cultura de diálogo. Si esta premisa fuera asumida por los candidatos que hoy compiten en las urnas, la nueva etapa que se abre tendrá un signo positivo. Esa esperanza está implícita en el voto de los asturianos.