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El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5. El texto incluye la obligación de que los sistemas de control horario sean digitales e interoperables, ... de forma que los representantes laborales y la inspección de trabajo tengan acceso directo a los registros. También llega con intención de endurecer las sanciones a las empresas que incumplen y todo este paquete de medidas legales quedará en nada si no logra una mayoría en el Congreso de los Diputados que la avale.
Por eso, y porque sabe que dos de cada tres españoles apoyan la medida, incluso –según dice– «los que votan a la extrema derecha», la vicepresidenta segunda del Gobierno central y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inició este jueves en Asturias una gira de reuniones con sindicatos y líderes de izquierda, mítines y reuniones para activar en todo el país un frente a favor del proyecto.
«Este es el debate del momento, de esta época. La expresión 'es que no me da la vida' no puede ser el proyecto de un país, tiene que salir de las conversaciones. Tenemos derecho a vivir y ser felices, a tener tiempo para ver a nuestros padres, para estar en casa», propuso.
«Hoy nadie cuestiona la reforma laboral que ha permitido tener 21,8 millones de ocupados y la tasa de temporalidad por debajo de la media europea, pero esa reforma que ha cambiado vuestra vida y permitido a mucha gente joven acceder a su primer contrato de trabajo indefinido salió adelante porque un diputado del PP se equivocó votando», recordó la líder de Sumar, en el paraninfo del Centro Municipal Integrado de El Coto, ante 200 vecinos y dirigentes de IU-Convocatoria, UGT y CC OO, a los que trató de dar un chute de moral.
Como la reforma laboral, la reducción de jornada «tiene muchos adversarios y no solo en la patronal», apuntó. «Hemos vivido estos días un vodevil en el parlamento, con el PP golpeando a los pensionistas. Os pido que nos ayudéis porque se puede repetir el vodevil de la reforma laboral», volvió a recordar. Aquella votación de febrero de 2022 sigue grabada en su carrera política. La ministra sugirió que dimitiría si no salía adelante. Aquel día votó a favor de la reforma Cs, pero en contra lo hicieron socios habituales como ERC, EH Bildu o Junts. El error del diputado popular Alberto Casero fue el que inclinó la balanza y permitió salvar, por un voto, la reforma.
«Esta reforma no es para los políticos, es para la gente trabajadora del país. Os pido muchos actos, que en vuestras calles y casas defendáis la necesidad de reducir la jornada, que convenzáis a los que votan en el Parlamento. El Gobierno tiene fuerza, propuestas y convicción; salid a defender el Gobierno de España, porque ellos no van a ganar», apeló.
A su juicio, el elemento más poderoso del proyecto legislativo es que «da esperanza y fuerza a la clase trabajadora en un momento en el que la gente está sufriendo y hay fuerzas que quieren ponerlo todo en jaque». Con un discurso engrasado así, la líder de Sumar aspira a inyectar moral a un electorado que acumula reveses y observa el avance de las fuerzas de la derecha.
Aseguró iniciar «esta contraofensiva en Asturias porque sois clave, un pulmón, una parte fundamental en el proyecto de España que necesita atención, infraestructuras y una política industrial firme».
Por la mañana, antes de reunirse con el consejero de Ordenación del Territorio y líder de IU-Convocatoria, Ovidio Zapico, fue un paso más allá y apostó por declarar a Arcelor Mittal empresa «estratégica» y a que el Estado adquiera participación en su accionariado. «Cuando una empresa es estratégica tiene que tener participación pública, no solamente en los recursos, sino en el diseño y la voluntad de políticas públicas de la misma. Y esto es dar tranquilidad a Asturias», apostó.
En su mitin Díaz estuvo precedida en la tribuna por el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, la secretaria comarcal de CC OO Esther Barbón, el consejero Ovidio Zapico, y el diputado Xabel Vegas. Apelaron a la unidad de la izquierda, la defensa de los gobiernos que controlan y la política industrial.
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