La victoria del PP pone en peligro las medidas estrella de la Ley de Vivienda

La nueva ley ha tenido que dejar en manos de los gobiernos regionales algunos de los puntos más críticos para no invadir competencias autonómicas, puesto que la vivienda es una facultad que depende de las comunidades autónomas. Ellas son las encargadas de decidir las zonas tensionadas que hay en sus regiones para así poder beneficiarse de muchas de las medidas que se incluyen en la ley, como son el límite a la subida del alquiler, la delimitación de grandes tenedores y las bonificaciones al IRPF, mientras que el aumento del IBI al 150% depende en este caso de los ayuntamientos, también ahora en su inmensa mayoría en manos del PP.

Era uno de los planes estrella de la norma y uno de los mayores puntos de fricción entre el PSOE, reacio a aprobarlo, y Unidas Podemos, que forzó su inclusión en la nueva norma: los topes al alquiler. Después de meses de disputa por cómo regular los precios de los arrendamientos, ambos socios de Gobierno alcanzaron un acuerdo para poner un tope en las zonas tensionadas. Para ello, la administración local debe elaborar un «procedimiento preparatorio» antes de solicitar la declaración de zona tensionada. Además, tendrán que definir informes que incluyan indicadores y datos de los precios de alquiler, de venta y de los niveles de renta de los residentes. Y también una memoria en la que se justifique la necesidad de declarar una zona del mapa inmobiliario en color 'rojo', un mapa que ahora, en el ámbito político, se teñirán de azul.

Las comunidades autónomas también deben presentar un plan específico en el que se incluyan las medidas que se proponen para la corrección de los desequilibrios detectados. Y, una vez recabada, toda esa información pasará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que declarará el área tensionada si se cumplen los requisitos. Entonces sí, se establecerán los límites de precios y el resto de iniciativas que dependen de esta definición.

Si toda esta burocracia ya amenazaba con retrasar la aplicación de estas importantes medidas, el nuevo rumbo político del país, comandado por el PP, que se ha posicionado claramente en contra de esta norma, congelará en la práctica su entrada en vigor.    Así, tras las elecciones de este domingo, el PSOE, que gobernaba en nueve comunidades, solo se mantendrá al frente de tres: Asturias, Castilla-La Mancha y Canarias, mientras que el PP le arrebata seis comunidades, algunas en regiones tan tensionadas como Valencia o Baleares, donde presumiblemente no se impondrá ningún límite a los precios pese a los problemas detectados.

Además, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo ha ganado también en    casi todas las grandes ciudades y en treinta capitales de provincia. Y los municipios    tienen a su vez una serie de competencias delegadas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Este triunfo del PP dejará también sin efecto rebajar el concepto de gran    tenedor a aquellos que tengan cinco viviendas de uso residencial, en lugar de las actuales diez, puesto que esta medida solo entra en vigor en las zonas declaradas tensionadas. Y los grandes tenedores tienen un control de precios más restrictivo que los caseros particulares, aunque Transportes no ha terminado de definir aún el índice de referencia que servirá para sus topes.

A su vez, los pequeños caseros que bajen los precios de sus contratos de alquiler no podrán beneficiarse de las nuevas bonificaciones de hasta el 90% sobre el IRPF, puesto que esta solo es operativa en zonas tensionadas y si la rebaja es del 5%.

De igual manera, la nueva norma preveía que las CCAApodrían forzar a los grandes tenedores que realicen desahucios a articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional.