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Ni una constructora ni una promotora. Nadie se ha presentado a la primera licitación lanzada por Sareb para poner en marcha su plan estrella de construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible. Una situación que coincide con la incertidumbre que en algunos sectores implicados ... ha generado la decisión del Gobierno de crear una gran empresa pública de vivienda que, entre otras cosas, incorporará los activos del también conocido como 'banco malo'.
El llamado 'Proyecto Viena' se pensó para impulsar este tipo de casas en suelos de la cartera de Sareb bajo un modelo de colaboración público-privada, con el objetivo también de que Sareb pudiese desinvertir a mayor velocidad en sus activos tóxicos heredados de la crisis. La idea inicial era movilizar hasta 15.000 viviendas, aunque en esta primera convotaria se licitaron 50 suelos con capacidad para albergar alrededor de 3.770 viviendas repartidas en 39 municipios de grandes ciudades o en su área de influencia.
Sareb apunta a que la licitación se había estructurado buscando la mayor concurrencia entre promotoras e inversores de distintos perfiles, teniendo en cuenta información recabada en encuentros mantenidos con diferentes inversores y operadores de mercado, así como el objetivo de promover vivienda en alquiler en condiciones ventajosas.
Pero ni así han logrado convencer a constructoras y promotoras, por lo que ahora se abrirá un periodo de análisis y diálogo con el sector «para valorar las posibles causas, con el objetivo de plantear los cambios que sean precisos para poder relanzar el proyecto», tal y como indican desde la sociedad.
El Proyecto Viena se enmarca en las iniciativas sociales que Sareb ha puesto en marcha desde el año 2022, cuando el Estado alcanzó la mayoría de su capital, incorporando en su gestión el principio de sostenibilidad y utilidad social, así como en las medidas que se están lanzando desde el Ejecutivo para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda a precios asequibles. De ahí que, a pesar de que Sareb mantiene la gestión de esos activos, si no avanza con las adjudicaciones esos terrenos acaben en la nueva empresa pública de vivienda del Ejecutivo.
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