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Duro Felguera puede iniciar mayo de dos formas bien distintas: recibiendo 40 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ... como primera parte del rescate aprobado en marzo, e iniciando la senda de la recuperación, o entrando en concurso de acreedores. Como en una especie de 'déjà vu', todo vuelve a depender de la banca, cuyo acuerdo para reestructurar la deuda sindicada de 85 millones exige el Gobierno como condición para realizar la inyección de capital. Igual que antes de que se aprobara el rescate. Entonces se logró el sí de las siete entidades financieras afectadas, pero los cambios realizados por la SEPI en el expediente ponen casi el contador a cero.
La negociación es entre Duro Felguera y los bancos, pero también entre ellos. Ninguno quiere ser el primero en dar su brazo a torcer y la situación se está enquistando. El problema es que no todos parten de la misma situación. En la reestructuración de 2018 unos ya tuvieron quitas mayores que otros (en total la quita rondó los 200 millones de euros) y ahora el riesgo que asumiría cada uno es muy diverso. A esto hay que añadir problemas que no corresponden directamente a esta negociación, pero que interfieren, y que complican la solución.
Duro Felguera se muestra confiada en el informe de gestión de 2020, remitido el lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en lograr «un compromiso vinculante» con el sindicato bancario próximamente. Fuentes cercanas a las negociaciones reconocen que, de no llegar a él, las dos partes saldrían perdiendo. La SEPI no rescataría a la compañía, esta iría a concurso de acreedores y las entidades tendrían mucho más complicado cobrar cualquier tipo de deuda o recuperar avales, además del daño reputacional que supondría. Sin embargo, la situación sigue bloqueada. La cuenta atrás ha comenzado con la fecha tope del 30 de abril que da la SEPI.
Duro no ha llegado a esta situación de la noche a la mañana. Muchos de sus problemas vienen aún derivados de la etapa de Ángel Antonio del Valle, forzado a dimitir como presidente en 2017 y denunciado por administración desleal y apropiación indebida. La pandemia los ha agravado.
En el documento remitido a la CNMV vuelven a aparecer nombres de proyectos muy conocidos, como el de Termocentro. Venezuela lleva sin realizar ningún pago de este ciclo combinado desde 2017. Solo de intereses debe 57 millones de euros. De la filial que ejecutó ese proyecto se derivan también los litigios que matiene Duro con Hacienda y que se elevan a 180 millones de euros. Hace algo más de un año el grupo logró que la Audiencia Nacional dejara en suspenso una reclamación del fisco por 120 millones relacionada con el Impuesto de Sociedades de su filial venezolana. La empresa alega que las rentas obtenidas por la UTE Termocentro deberían beneficiarse de una exención al operar en el extranjero. Considera también que hay suficientes argumentos como para que esos importes no se tengan que satisfacer. Por otro lado, se investiga a Duro y a antiguos directivos, como Del Valle, por el posible pago de mordidas a altos cargos del Gobierno de Venezuela para lograr la adjudicación del proyecto, que luego ha resultado aciago.
No todo es Termocentro. Los problemas de Duro tienen otros nombres propios, como Iernut (Rumania), donde se negocia «una solución amistosa» después de que Romgaz rescindiera unilateralmente el contrato firmado en 2016;Djelfa (Argelia), en arbitraje; o incluso el proyecto de las baterías de cok de Arcelor de Gijón, en el que HuDe supendió el pago de los trabajos realizados, «dejando una deuda de 2,6 millones de euros por facturas vencidas y 0,5 por retenciones pendientes».
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