'Caso UGT': una formación que ha salido muy cara

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, confirmó el pasado miércoles los delitos de la cúpula del sindicato que originaron la operación policial. La sentencia considera probado el desvío de fondos públicos en forma de subvenciones para cursos de formación hacia la organización sindical y sus sociedades vinculadas, Localmur, Infastur y Formación 2020. Al final, penas de cárcel para los seis acusados y multas e indemnizaciones que superan los 4,5 millones de euros. Además, el propio sindicato es castigado con una multa y la condena a no recibir subvenciones o ayudas públicas y la privación del derecho a recibir beneficios o incentivos fiscales durante cuatro años.

A lo largo del juicio, los que eran los máximos responsables del sindicato durante los años en los que se cometieron las irregularidades, entre ellos el que fue su secretario general, Justo Rodríguez Braga, mantuvieron en todo momento la legalidad de sus actuaciones. «Nadie nos dijo nunca esto no se hace así», llegó a decir Braga en sede judicial. Además, también alegaron en el juicio que los sueldos de personal de la UGT se costearon a cargo del dinero de las ayudas porque estos trabajadores eran esenciales para el desarrollo de las formaciones. Incluso se argumentó en el juicio que hasta la encargada de la centralita de la sede central del sindicato era imprescindible «porque ofrecía información esencial a los potenciales participantes» en los cursos, así como que administrativos de las delegaciones comarcales recorrían empresas captando trabajadores para los cursos. También, una extrabajadora del servicio jurídico del sindicato declaró que al solicitar una subida de sueldo para los integrantes del departamento según estipulaba el convenio, la actual concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón le contestó que tendría que ser a través de subvención.

La acusación también detallaba otra práctica para el desvío de dinero: el pago de alquileres de locales a precios fuera del mercado. Aún así, para los sindicalistas, todo era legal, puesto que pasaban todos los controles y el Servicio Público del Empleo del Principado (Sepepa), que era el que concedía las subvenciones, nunca puso un reparo, salvo alguna cantidad revertida puntualmente. Además, hacían auditorías propias y externas, que tampoco ponían pegas.

La UCO constató en sus investigaciones que había trabajadores de la central cuya nómina contenía entre el 50% y el 75% de dinero procedente de la subvenciones del Sepepa y los agentes que declararon en el juicio afirmaron que los trabajadores interrogados negaron que hubieran desempeñado funciones relacionadas con las acciones formativas.

En el juicio se pudo comprobar el distinto punto de vista entre administraciones. Mientras que los directores generales del Sepepa, José Luis Álvarez y Luisa Pérez, no vieron irregularidad, la interventora de la Administración General del Estado, María José Mora, que declaró en el juicio como perito, afirmó que se habían identificado irregularidades muy significativas.

El sindicato aportó en su defensa tres auditorías externas que avalaron su actuación, aunque de poco sirvió. La sentencia es muy clara y determina que existía un «sistemático desvío de fondos públicos». UGT Asturias anunció recurso ante esta sentencia, en boca de su actual secretario general, Javier Fernández Lanero, «tremendamente injusta y contraria a derecho».

Las claves

La Fiscalía. El escrito de la acusación pública describía cómo UGT inflaba facturas por cursos de formación y el desvío, destinado a gastos de la organización, ascendía a 1,46 millones de euros.

La defensa. Para el sindicato, todo es legal y no hubo ningún tipo de irregularidad. Esgrimen que superaban auditorías internas y externas y que el Sepepa nunca puso reparos.

Guardia Civil. La UCO comprobó cómo nóminas de trabajadores estaban sostenidas con subvenciones y que cuando cesan las ayudas se aplica un expediente de regulación de empleo.

La sentencia. Considera probada la operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos que recibían UGT y la Fundación IFES (creada por el sindicato en 1986).

Culpabilidad de UGT. La sentencia también establece la culpabilidad del sindicato, al que pone una multa y le impone la imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas en cuatro años.

Los condenados. Justo Rodríguez Braga, exsecretario general; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación; Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración; María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur y Formación 2020; Silvia Sariego, técnica de IFES, y Alberto González, técnico de UGT, han recibido penas de cárcel y deberán pagar multas e indemnizaciones.