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La paciencia de los sindicatos mayoritarios se agota. Los «compromisos electorales del Gobierno de izquierdas que llevaron a que les votáramos masivamente» no se han cumplido y UGT y CC OO han decidido salir a la calle para reclamarlos. Los representantes de los trabajadores ... han convocado una manifestación que se desarrollará el jueves día 11 a las 12 horas frente a la Delegación del Gobierno, en Oviedo, para reclamar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que «afecta a 25.000 asturianos», la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones. «Es una cuestión de justicia social», señaló el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, que compareció por vía telemática junto a su homólogo de CC OO José Manuel Zapico.
La protesta estará condicionada por la pandemia. Ya autorizada, está previsto que 80 representantes de los trabajadores, 40 por sindicato, se concentren en la plaza de España ovetense guardando la distancia de seguridad, también entre las personas que sostengan una pancarta con el lema «Movilízate, ahora sí toca».
Los motivos de la protesta tienen mucho que ver con los ritmos que el Gobierno está imprimiendo a las medidas ya anunciadas en sus programas electorales. Fernández Lanero señaló que las centrales sindicales han sido sensibles a la situación de pandemia y no han forzado la constitución de las mesas de negociación durante los meses más duros de la covid-19. Pero ahora, con las mesas ya constituidas en Madrid, constatan que «las negociaciones no avanzan». La situación de pandemia y las negociaciones de medidas de apoyo económico a los sectores afectados con el Gobierno central y las comunidades autónomas no son, en opinión de los sindicatos, argumentos que permitan posponer aún más unas acciones a las que el Gobierno se comprometió en su toma de posesión.
«La reforma laboral es una trampa mortal para los trabajadores y los ciudadanos», afirmó Fernández Lanero, quien cree que se trata de una norma que «atenta contra la igualdad y la justicia social y consolida un modelo económico a base de más precariedad». Considera el líder de UGT en Asturias que se trata además de un modelo que «desincentiva» el consumo por la pérdida salarial y que resta poder de negociación a los sindicatos. La intención de los sindicatos es que «se añadan» cuestiones a la norma y se «modifiquen y supriman» otras, salvando así los obstáculos normativos a los que se ha referido el Gobierno para tumbar toda la legislación en esta materia implantada por el PP en 2012. Entre los aspectos a cambiar está la ultraactividad de los convenios colectivos o la preponderancia de los de empresa sobre los sectoriales.
La reforma del sistema público de pensiones está también en el punto de mira de los sindicatos, que pretenden «garantizar su sostenibilidad y revalorización». Sostienen los representantes de los trabajadores que el problema no está en los gastos, similares a la media europea, y que es necesario dejar de sufragar cuestiones que nada tienen que ver con las pensiones con cargo a este fondo.
En lo que respecta al Salario Mínimo Interprofesional, los sindicatos dudan de que, si este año no se sube para avanzar en el compromiso de que llegue al 60% del sueldo medio, se pueda cumplir con el compromiso de alcanzar la meta al final de la legislatura. «¿Van a subirlo 250 euros en los dos años que quedan de legislatura?», se preguntaba Fernández Lanero. «Toca cumplir con los compromisos del programa de Gobierno. Toca cambiar el orden de las cosas», abundó José Manuel Zapico.
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