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La Unión Europea se ha enmendado a sí misma y permitirá que, de momento, los productores de acero, hidrógeno y amoniaco verdes, así como de aglomerantes hidráulicos alternativos al cemento sin pulverizar (clínker) blanco y gris, reciban derechos de emisión gratuitos como sucede con ... los que sí contaminan. Así se define en un reglamento delegado de la Comisión por el que se modifica uno previo de 2019, en el que se retiraba esta posibilidad. La medida no es baladí, ya que aquellas empresas que apuesten por descarbonizar este tipo de producciones podrán recibir esas asignaciones y después venderlas en el mercado, de forma que contarán con un ingreso extra y un nuevo aliciente para abordar su transición energética. De este modo, desde Bruselas se pretende potenciar las inversiones de carácter verde, como la de la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) prevista por Arcelor en Asturias y que la empresa tiene bloqueada ante las dudas que surgen sobre su viabilidad económica.
No obstante, se trata de una medida transitoria, porque esos derechos gratuitos están llamados a desaparecer en el medio plazo, tanto para procesos hipocarbónicos como para los tradicionales. Según acordó la Unión Europea, se seguirán recibiendo asignaciones gratuitas hasta 2034, aunque estas comenzarán a reducirse a partir de 2026, con una disminución del 2,5%, que se elevará al 5% en 2027, al 10% en 2028 y al 22,5% en 2029. A partir de ese año, la caída se acelerará: 2030 (48,5%), 2031 (61%), 2032 (73,5%) y 2033 (86%) hasta llegar a cero en 2034.
Esta evolución se acompañará de una eliminación para 2030 del 62% de las toneladas de CO2 presentes en el mercado en relación a las que había en 2005, lo que implicará, con toda probabilidad, que el precio de esos derechos se dispare. En la actualidad, ronda los 70 euros, tras una escalada que se inició en 2017 y que llegó a tocar techo el año pasado, con momentos en los que la tonelada de CO2 cotizó por encima de los 100 euros. Todo parece indicar que las próximas reducciones volverán a disparar los precios hacia arriba. Mientras, en ese periodo está también previsto que se implante de forma definitiva el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), que pretende equilibrar el mercado para los productores locales, que tienen que asumir el sobrecoste que implica el mercado de derechos de emisión o las inversiones en descarbonización, frente a la competencia de los extracomunitarios, que no tienen esas restricciones y pueden ofrecer precios más competitivos.
De ahí que se plantee que las asignaciones que ahora se otorgarán también a las producciones descarbonizadas sean una especie de estímulo doble para invertir en tecnologías limpias. Si no se emite, no habrá que recurrir al mercado para comprar más derechos si se agotan los disponibles. Pero, además, si se cuenta adicionalmente con ellos y no se van a necesitar, se podrán vender en el mercado.
La UE realiza este cambio, según explica, «con el fin de reforzar los incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética, así como a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las tecnologías nuevas y existentes». Y, entre las que cita y que se beneficiarán del cambio están aquellas hipocarbónicas para la producción de productos aglomerados de mineral de hierro para la producción primaria de acero. Se trata, apunta el reglamento, de «crear unas condiciones de competencia equitativas para el actual circuito de los hornos altos a base de cok y la tecnología de reducción directa», que es la que Arcelor anunció para Asturias y también para plantas de Francia, Bélgica y Alemania, pero que cuya inversión no acaba de concretar.
Sin embargo, deja fuera de ese beneficio la producción de acero en el horno de arco eléctrico, como el que se va a construir en Gijón, «para evitar el doble cómputo de asignación gratuita», dado que ya se habrían otorgado los derechos en la fase del DRI. Sin embargo, de momento, se prevé que la instalación asturiana arranque con prerreducidos de hierro importados de fuera del país.
Nueva reunión entre Arcelor y sindicatos para abordar el expediente de regulación de empleo (ERE) mediante el que se articulará el grueso de la salida del personal nacido en 1962 y nuevo encuentro sin grandes avances. Ambas partes se centraron ayer en abordar las condiciones de marcha de los trabajadores. La compañía había garantizado un ERE con ayudas previas con una garantía salarial de hasta el 80% de la retribución bruta. Sin embargo, ahora detalla que se refería exclusivamente a las «retribuciones ordinarias brutas», mientras que la parte social insiste en que deben incluirse los conceptos variables y pluses, como la antigüedad.
UGT fue más allá y reclamó también otros aspectos, como que se integren las coberturas del seguro colectivo para el personal de convenio, o para el de contrato individual, el complemento de ahorro de personal. También que se incorporen los incrementos salariales del convenio colectivo vigente.
La compañía quedó en analizar el impacto económico de tales medidas, aunque insistió en que la fórmula de cálculo sería la misma que para el del contrato relevo, al que se acogieron unos 40 trabajadores en Asturias, frente a los 124 que saldrán con el ERE. Por otro lado, si algún empleado no tuviera a los 65 años el suficiente periodo de cotización para tener derecho al 100% de su pensión, ese periodo se podría prorrogar y seguir con ayudas previas hasta que tuviera derecho a ese 100%.
La próxima semana hay previstas nuevas reuniones los días 9 y 10 de mayo.
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