El Principado advierte del riesgo de que la transición energética sea una «revolución»

Subrayaba y reforzaba así Pola, en el marco del XVIII Punto de Encuentro Internacional de Asturex, la posición del Ejecutivo autonómico respecto de las centrales térmicas, apenas tres días después de que el presidente del Principado, Javier Fernández, y la del partido a nivel federal, Cristina Narbona, tuvieran un evidente desencuentro sobre cómo afrontar el proceso de descarbonización de la economía.

El Principado se mantiene en su postura, que implica que el cierre de las centrales térmicas de carbón no puede quedar al albur de una decisión empresarial como la que Iberdrola ha anunciado, sino que debe imbricarse dentro de un diseño a largo plazo del esquema energético nacional en el que el poder de decisión debe estar en manos del Gobierno central. Por contra, la postura explicitada por Cristina Narbona el pasado viernes va mucho más en la línea de afrontar una transición tecnológica de forma mucho más ejecutiva y rápida hacia los objetivos de descarbonización de la economía marcados por Bruselas.

Un apoyo le llegó ayer al Ejecutivo del Principado desde la vecina comunidad de Castilla y León. Su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo (PP), lanzó ayer «un grito desesperado al PSOE y a Podemos» para que apoyen el Decreto Ley elaborado por el Gobierno con el fin de «evitar el cierre de la central térmica de Velilla», lo que supondría otro tanto para la asturiana de Lada. Del Olmo dijo esto momentos antes de la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, en Velilla del Río Carrión, y aseguró que en su lucha la Junta de Castilla y León «está defendiendo con uñas y dientes que no se cierre la térmica», con la «ayuda inestimable del Gobierno de España», que «trabaja en los cambios necesarios para modificar el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» que negaba al Gobierno la capacidad de frenar los cierres mediante un decreto ley. Según la CNMC, esta norma introduciría nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales, adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El diputado nacional de Podemos Segundo González calificó dicho real decreto «es una chapuza fruto de la improvisación y no tiene en cuenta cuestiones fundamentales para Podemos como la discriminación entre carbón autóctono y de importación, o la transición energética justa». González subrayó que en España «no se piensa en cómo afrontar una transición justa que permita crear nuevos empleos». En su opinión, dicha transición debe implicar en las zonas afectadas por los cierres de minas y de centrales térmicas la creación «de dos empleos por cada uno que se destruya».

Mientras tanto, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, expresó ayer, en cambio, su confianza en que el Gobierno «tomará en consideración» su informe sobre el real decreto que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica.

Marín Quemada dijo que su organización solamente «ha dado su opinión sobre el proyecto de real decreto, sin llegar a posicionarse «a favor o en contra». Con todo, subrayó el presidente de la CNMC que «en España hay mucha generación», ha sostenido, «un 30% sobre su capacidad», y «la CNMC ha dado su opinión sobre un proyecto normativo sobre las fórmulas para cerrar centrales que están en operación». «Nuestra decisión ha sido clara a favor de un proyecto normativo perceptible y estoy seguro de que el Gobierno tomará en consideración nuestra propuesta», indicó, según recoge Europa Press. En su informe, la CNMC considera que este decreto introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».