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«El sistema de relaciones laborales está profundamente remendado». La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue clara ayer en Oviedo ... a la hora de criticar cómo se regula el empleo en España, tras décadas de gobiernos de distinto signo que han realizado cambios tras cambios pero sin tocar la norma matriz: el Estatuto de los Trabajadores. Todo ha evolucionado desde su aprobación en 1980 y sus conceptos siguen inalterados, censuró en la primera jornada de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López, 'Lito', que organiza UGT. Acompañada por el secretario general del sindicato, el asturiano Pepe Álvarez, con el que mostró complicidad y sintonía, Díaz defendió «la necesidad de que nuestro país lleve a cabo una reforma estructural». Pero no una cualquiera, una que utilice estrategias que no se han puesto sobre la mesa hasta ahora, «una regeneración en clave social», porque «todas las recetas han caminado en la misma dirección» sin resultados. De hecho, la ministra criticó los nulos efectos positivos de las reformas y contrarreformas laborales de las últimas cuatro décadas, «que nos han acostumbrado a la precariedad». Y, sobre todo, la del PP de 2012. «Yo sé el daño que ha causado a mí país», zanjó.
Como hiciera la víspera en Gijón, la vicepresidenta del Gobierno volvió a comprometerse a que esa tranformación esté lista antes de que termine el año. «Que esté en el BOE», apuntó Pepe Álvarez, y ella recogió el guante. «Si no haré lo que tengo que hacer». El domingo ya señaló que volvería a trabajar como abogada si no logra cumplir su promesa de «cambiar las cosas».
La reforma que diseña su gabinete intentará paliar problemas enquistados en el mercado laboral nacional, desde la temporalidad a la siniestralidad, pasando por la búsqueda de una competitividad basada únicamente en la devaluación de los costes laborales. Será una reforma «como se habla en la Unión Europea», que permita un trabajo digno, la subida de los salarios, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, citó entre otros puntos.
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Ante un público muy diverso, formado en gran parte por representantes de los trabajadores, pero también por miembros del Ejecutivo asturiano o, incluso, empresarios -entre ellos estaba el presidente de la patronal hostelera Otea, José Luis Álvarez Almeida-, Díaz reconoció que el tema es «de una enorme complejidad» y que lo hay que abordar «con delicadeza» para conciliar los distintos aspectos de la economía española, entre ellos la estacionalidad de miles de negocios determinada por el turismo.
Sin embargo, insistió en la necesidad de afrontar el problema del empleo «desde perspectivas eficientes en defensa del trabajo de calidad, y singularmente para los más jóvenes», con una formación «que no puede ser una forma de trabajo degradada, la devaluación del coste laboral», con políticas activas de empleo «colaborativas y cercanas», con una organización del trabajo que permita conciliar y no abandonar el empleo por tener que cuidar a hijos o personas dependientes, «una expulsión que principalmente acusan las mujeres».
Pero Díaz también abordó otros asuntos, temas interrelacionados, como una defensa a ultranza del diálogo social y el papel clave de los sindicatos. «Las mesas de negociación se apuran hasta el final», señaló sobre las semanas de discusión entre Gobierno y agentes sociales por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ayer vivió un nuevo capítulo. «Primo el acuerdo sobre todas las cosas», aseguró también cuando le censuraron que el incremento que pueda llegar finalmente «no sirva ni para comprar una garrafa de aceite».
Sin dar cifras sobre qué cuantía alcanzará, sí se comprometió a que sea el 60% del salario medio al final de la legislatura, unos 1.060 euros para 2023, y echó la vista atrás para recordar que en 2016 era de 615 euros. «No hay una herramienta más eficaz para combatir la pobreza laboral», señaló también sobre su incremento.
También calificó de «dramática» la siniestralidad laboral, con una Inspección de Trabajo «desbordada» y, en respuesta al secretario de Organización de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Fernández Roces, que le cuestionó el uso que da Hunosa a las subcontratas, Díaz reconoció que «tendremos que hablar algún día de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y sus 15 grandes empresas». También aseguró que se trabaja en que las subcontrataciones no sirvan «como elemento de especulación o de abaratamiento de costes».
Por su parte, Pepe Álvarez defendió que la subida del SMI creará empleo, porque todo el incremento «se irá al consumo», y consideró que no hay razón para la negativa de la patronal, tras criticar sus propuestas de acordar incrementos por territorios o un salario mínimo menor para los jóvenes. Justo los que más cobran el SMI, censuró. «La precariedad es un cáncer que se puede curar, pero depende de si se está dispuesto o no a tomar las medidas necesarias para hacerlo», aseguró también el secretario general de UGT, que felicitó al Gobierno del Principado por su forma de abordar la pandemia. «Este verano Asturias ha recibido los frutos de esa gestión. Anteponer la economía a la salud es un gran error», señaló.
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