Los trabajadores de Alcoa se niegan a ratificar el acuerdo con Parter

El encuentro en la planta asturiana fue, según ha podido saber este diario, «muy tenso». La plantilla se niega a asumir responsabilidad alguna en la venta, pues el proyecto de Parter le sigue generando una gran incertidumbre y considera que la decisión debe tomarla únicamente la multinacional, que fue la que eligió de manera unilateral a Parter como el mejor inversor posible. Las votaciones de Avilés se cancelaron y tanto los trabajadores asturianos como los gallegos se niegan a dar su opinión sobre la venta. Por tanto, la parte social acudirá hoy a una nueva reunión con Alcoa en Madrid con el convencimiento de no ratificar el acuerdo y dispuestos a buscar un consenso.

«Le trasladaremos a la empresa nuestro desacuerdo con algunos aspectos del documento presentado para que sean rectificados y no trasladen a los trabajadores decisiones que no les corresponden», explicó el comité avilesino a través de un comunicado. De hecho, en el acuerdo del ERE firmado en enero no se contempla el requisito que exige ahora la empresa para sellar la venta. No obstante, la multinacional insiste en que «es un paso necesario» para finalizar la transacción el 30 de junio.

La plantilla asegura que se trata exclusivamente de un «chantaje» de la multinacional, que «quiere lavarse las manos» por si en el futuro con Parter algo saliera mal y los trabajadores tomaran represalias. Critican, además, la presión que está ejerciendo la compañía que, ante la cercanía del 30 de junio, aplazó dos veces la reunión con los representantes sindicales. «No quieren darnos tiempo a reaccionar y pensar», critica la plantilla.

No obstante, en la reunión de hoy tratarán de proponer algunas cuestiones que, a su juicio, beneficiarían la transacción hacia el comprador. «Es verdad que Parter no garantiza el pleno empleo más allá de los dos años y eso es algo que inquieta a algunos trabajadores», indicó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de Avilés. Preocupa, especialmente, a los que operan en las series de electrolisis, pues temen que si no vuelven a arrancarse, en 24 meses sean despedidos con unas condiciones peores a las que se pactaron en el plan social con Alcoa. «La empresa tiene en su mano garantizar la viabilidad de las plantas en un futuro. Puede llevar a cabo las prejubilaciones, los traslados y aceptar la petición de quienes prefieran acogerse al plan social» y ejecutar también la venta, explicó Gómez de la Uz.

La empresa, según ha podido saber este diario, se negó a aceptar esta propuesta en la reunión del miércoles y se mantuvo firme en sus exigencias. Si la parte social no ratifica el acuerdo -cuyo contenido desconocen-, Alcoa entenderá que se oponen a la venta y procederá a ejecutar el acuerdo del ERE que contempla el mantenimiento de la fundición con 205 empleos entre las dos plantas y unas recolocaciones que en el mejor de los casos permitirían conservar otros cien puestos.

El comité de La Coruña cargó ayer contra la «espantada» de las administraciones en la última semana del conflicto de Alcoa y acusó al Gobierno de haber incumplido su compromiso de tutelar el proceso. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió, por su parte, la actuación del Ejecutivo autonómico y concentró el problema en el Gobierno central. «Esta administración no es la que no estuvo al lado de los trabajadores», indicó. El Ejecutivo central «mintió», espetó Núñez Feijóo, quien recordó que había prometido que las plantas podrían presentarse a la subasta de interrumpibilidad y que el estatuto para las electrointensivas estaría aprobado antes de las elecciones generales y no lo cumplió.