El subsidio por desempleo aumentará 900 euros el primer año, pero no para los mayores de 52 años

Ni Nadia Calviño ni Yolanda Díaz pueden cantar victoria puesto que ambas han tenido que ceder de manera importante respecto a sus propuestas iniciales. La reforma, que es un compromiso con Bruselas para poder acceder al cuarto tramo de los fondos europeos y supondrá un gasto extra de 600 millones de euros, fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros pero sin el respaldo de los sindicatos ni de la patronal; de hecho, los agentes sociales desconocían el texto final que se publicará este miércoles en el BOE.

«No solo no recortamos sino que ampliamos y mejoramos sustancialmente la cobertura que tenemos diseñada hoy», proclamó Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que también anunció que se simplifican los tipos y el acceso, se cobrará desde el primer día y se podrá compatibilizar con un empleo. Sin embargo, lo relativo a que no hay ningún ajuste no es cierto.

Sí se eleva la cuantía hasta los 570 euros al mes y se extiende a tres nuevos colectivos, al mismo tiempo que se mantiene la duración actual de un máximo de 30 meses. El problema es que esta mejora económica, que puede implicar hasta 900 euros más que ahora en el primer año, no llega al grupo más vulnerable y que representa casi la mitad de los beneficiarios: los mayores de 52 años. Ellos no solo mantienen la misma cuantía que ahora sino que, además, sufrirán una merma en la cotización que realizan para su futura jubilación, según ha podido confirmar este periódico. En la actualidad el SEPE cotiza por ellos por el 125% de la base mínima (1.575 euros al mes en 2023) y la reforma irá reduciendo gradualmente esta cotización hasta situarla en el 100% en 2028.

Esta ha sido una de las cesiones que ha tenido que hacer Díaz a Calviño a cambio de elevar la cuantía el primer año, aunque en menor proporción de la que ella quería (hasta 660 euros mensuales). También se mantendrá la duración hasta un máximo de 30 meses, frente a la idea de Economía de reducirlo a un año máximo.

Con la nueva ley la cuantía por desempleo seguirá vinculada al IPREM, aunque ascenderá desde el 80% de este indicador hasta el 95% (de 480 euros a 570 euros al mes) en los primeros seis meses, pasando a situarse en el 90% del IPREM (540 euros) los seis meses siguientes y ya, finalmente, se mantendrá en el 80% (480 euros) durante el tiempo restante. Eso sí, quedan excluidos de esta subida, además de los mayores de 52 años, los parados que ya estén recibiendo esta prestación aunque la hubieran solicitado este mismo mes, quienes seguirán cobrando el 80% del IPREM.

Además de la cuantía y duración, el otro gran escollo en la negociación entre ambas vicepresidentas estaba en el periodo de tiempo por el que se podrá compatibilizar esta ayuda con un empleo. Era algo que hasta ahora estaba vetado y que se permite con el objetivo de incentivar la reincorporación al mercado laboral, a fin de que no rechacen una oferta laboral de corta duración.

Con la nueva norma se podrá compatibilizar esta ayuda con un trabajo por cuenta ajena por un periodo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial sin reducción de la cuantía. Es más tiempo que los 45 días que proponía Díaz, por lo que aquí ha primado la tesis de Calviño.

A su vez, las prestaciones por desempleo (contributiva y subsidio) serán compatibles con las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de formación profesional o bien en el trabajo o para hacer prácticas formativas o prácticas académicas externas.

Asimismo, se amplía la protección al permitir el acceso a estas ayudas a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares (150.000, según estimaciones del ministerio), a los empleados eventuales agrarios (casi 250.000 más) y también a los trabajadores transfronterizos que se desplazan cada día a Ceuta y Melilla.

Por último, resultará más fácil obtener y mantener esta prestación. La razón es que se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud y se amplía a seis meses el plazo de petición, mientras que el periodo de reconocimiento se reduce a menos de un mes.