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Quieren conocer la letra pequeña del paquete de medidas presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar la actual crisis energética, pero piden también que cuanto antes se pongan en marcha soluciones para salvar el empleo y a las familias. Así ... lo expresaron ayer los secretarios generales de CC OO y UGT en la región, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente. Así, el primero, considera que las propuestas llegan tarde y que se podrían haber adoptado «hace semanas sin tener que esperar a la cumbre europea» y pide también que el Ejecutivo convoque a los agentes sociales para pactar las medidas necesarias «para proteger el empleo y evitar un empobrecimiento masivo». Por su parte, el líder de UGT cree que el plan hecho público ayer «va en la buena línea», pero insiste en que hacen falta conocer los detalles y ponerlo en marcha cuanto antes, porque «no podemos esperar más». Recuerda también que aún no se sabe qué tipo de ERTE se pueden plantear, si de fuerza mayor como con la covid o los de tipo RED, y augura ya una oledada de regulaciones «que se va a llevar por delante lo que queda de año».
La visión es mucho más positiva en el lado socialista. El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, aseguró ayer que las medidas que se detallarán hoy serán «relevantes» e irán en la dirección correcta, mientras que el secretario de comunicación de la FSA, Iván González, destacó el «profundo sentido de Estado» del Gobierno al haber actuado con «determinación» y «esfuerzo» frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania. González afirmó que los 6.000 millones de ayudas directas servirán para «proteger a la ciudadanía española con medidas efectivas». «Nadie en España se imagina unas medidas de protección como estas con un gobierno de derechas».
Por otro lado, Izquierda Unida registró una moción en la Junta por la que insta al Ejecutivo asturiano a dirigirse al Gobierno central para que «rechace cualquier acuerdo con la industria eléctrica que implique vincular una reducción de sus tarifas a una compensación por parte de los poderes públicos». Además, según expuso la portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, se pide que se «actúe sobre los beneficios de las empresas españolas de producción y distribución de hidrocarburos» y también sobre los de las eléctricas «gravando de manera extraordinaria los beneficios caídos del cielo». La formación también pide que se transforme Hunosa en empresa energética pública y se conceda el máximo autorizado por la Unión Europea a las compensaciones por emisiones de CO2.
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