Casi 200.000 asturianos se beneficiarán de la reducción de jornada aprobada por el Gobierno

La medida afectará, según afirmó la propia vicepresidenta en una entrevista en EL COMERCIO, a casi 200.000 asturianos que se verán beneficiados por el recorte de su jornada. El anteproyecto de ley también implica otras medidas, como el derecho irrenunciable a la desconexión digital y el nuevo registro de jornada, que deberá ser digitalizado y al que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social podrán acceder en remoto y en tiempo real. Además, no tenerlo o fasearlo implicará multas más elevadas, de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado.

No obstante, este «día histórico», en palabras de la propia Yolanda Díaz, solo es una primera victoria de una guerra que realmente tendrá que resolverse en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde, ya se sabe, la nueva norma para reducir la jornada laboral sí que cambiará, y previsiblemente de forma considerable. Con seguridad se incluirá un paquete de ayudas e incentivos para acompañar a las empresas en esta reducción de horas, pero incluso podría suceder que en la Cámara Baja se pactara postergar su entrada en vigor más allá del 31 de diciembre de 2025.

Precisamente, esta es una de las condiciones a la que la titular de Trabajo se niega a ceder, ya que supondría incumplir el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, pero que desde el ala socialista del Ejecutivo sí ven con buenos ojos para contentar a la patronal, que defiende que hay que respetar los convenios colectivos en vigor.

Aun así, la ministra recalcó que «a pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo del diálogo social», en referencia a las críticas que ayer dirigieron desde la patronal contra la medida, asegurando que defenderán sus posturas y trasladarán a los partidos políticos sus opiniones. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade), denunció hace unos días que el Consejo de Ministros apruebe un texto acordado con los sindicatos, pero no con las compañías, «sin respetar el diálogo social ni valorar el impacto que tendrá en la competitividad de las empresas y en el empleo». Según María Calvo, presidenta de los empresarios del Principado, esta reducción supone «una bomba de relojería para la economía asturiana» y puede traducirse en cierres de empresas y pérdida de empleos.

Los sindicatos mayoritarios calificaron las declaraciones de Calvo de «apocalípticas» y censuraron su «alarmismo injustificado». «El discurso del miedo no beneficia a nadie y resta credibilidad a la organización que lo extiende», afirmaron. Y la presidenta de los empresarios les respondió con un mensaje dirigido también a Yolanda Díaz, que el jueves visitó Asturias: «Es imprescindible que las políticas laborales se construyan desde el diálogo social y la realidad económica, no desde la confrontación y el monólogo de quienes están en el poder».

En este contexto, Calvo explicó que «reducir la jornada laboral o subir el Salario Mínimo Interprofesional sin atender al impacto en la pyme y en sectores con márgenes ajustados va a traducirse en pérdida de competitividad, menos contratación y más empleo informal».

Ahora, la norma debe recibir los preceptivos informes de los órganos consultivos y después regresará de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley. Pero una vez llegue al Parlamento los tiempos escaparán al control del Gobierno, ya que allí tendrá que superar enmiendas totales y enmiendas parciales que pueden presentar los grupos. Y en ese camino es donde todavía hay que convencer a las formaciones y, singularmente, a Junts, único socio del Gobierno que no ha dado su visto bueno. El sí de Junts no sería necesario de contar con el apoyo del PP, por lo que la ministra de Trabajo descargó toda la presión sobre los populares, a los que acusó de hacer una oposición «totalmente destructiva» y una «política inútil».