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A. S. / N. A. E.
OVIEDO / GIJÓN.
Viernes, 29 de marzo 2019, 04:58
Fue el principal argumento de sus alegaciones al borrador del estatuto para las electrointensivas y, ayer, el Principado insistió en la necesidad de que el Estado agote las posibilidades que permite Bruselas en cuanto a ayudas para compensar los costes indirectos de las emisiones ... de CO2. Con este argumento, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, consideró ayer «insuficientes» los 91 millones de euros que el Consejo de Ministros va a autorizar hoy, por encima de los 76 que recoge el documento sometido a alegaciones, que también hacía referencia a que podrían ampliarse a cien si existe disponibilidad presupuestaria, y sobre todo de los 43 millones que recogía el proyecto de cuentas del Gobierno, que no llegó a salir adelante.
Sin embargo, estas cifras se quedan cortas para el Principado, que reclama apurar la legislación comunitaria, que llega al 25% de lo recaudado en concepto de derechos de emisión de CO2. Sin querer fijar una cuantía exacta -CC OO la cifró en 235 millones y USO en 250-, Pola sí hablo de «doscientos y pico», ya que el dato concreto no se puede conocer aún. En los presupuestos se estimaban 1.100 millones de recaudación, aunque la evolución de los precios del CO2 ha sido ascendente durante el último año, y pidió «ser cauto en la estimación».
No obstante, Pola sí reconoció que el incremento que aprobará el Gobierno es importante, ya que aumenta en un 16,5% la cantidad destinada, lo que permitirá reducir de media ocho euros el coste del megavatio que pagan las empresas electrointensivas. No obstante, en los presupuestos actuales, prorrogados, se contemplaba una partida de 150 millones que ya en 2018 no se llegó a ejecutar.
Pese a esta valoración, también insistió en que es preciso conseguir que esas ayudas puedan ampliarse a lo largo del ejercicio y que se apuren hasta el máximo las subvenciones que la Unión Europea permite.
Por otro lado, el consejero recriminó a la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, sus declaraciones tras reunirse con representantes de Naturgy, en las que anunció un supuesto compromiso de la eléctrica para «retrasar al máximo» el cese de su actividad en la térmica de Soto de la Barca. En este sentido, pidió «cautela y prudencia» a la hora de hacer ciertos anuncios y recordó que, tras presentar la solicitud de cierre, el proceso dura alrededor de año y medio y que la compañía mantiene la intención de cerrar entonces la central.
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