N. A. E. / AGENCIAS
GIJÓN.
Lunes, 14 de enero 2019, 06:19
La plantilla de Alcoa se la juega hoy y mañana. Esta vez sí, no hay posibilidad de más aplazamientos en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de los contratos de los trabajadores de las factorías de Avilés ... y La Coruña y la fecha límite para llegar a un acuerdo es mañana. Si no, empezarán los despidos, advirtió la multinacional americana.
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Mientras, los empleados siguen plantados en contra de la última oferta de la empresa, una propuesta-ultimátum para mantener una mínima parte de la actividad de las plantas -lo que garantizaría unos 200 puestos de trabajo de una plantilla de 686 personas- y parar de manera controlada las cubas de electrólisis para tenerlas en condiciones óptimas durante seis meses por si aparece un inversor. El resto de la plantilla iría al paro, sobre todo en el caso de la factoría de Avilés, con una media de edad muy joven y en la que no habría demasiada posibilidad de acogerse a las prejubilaciones.
Conservar las fundiciones Alcoa propone parar de manera controlada las cubas de electrólisis y mantenerlas en condiciones óptimas durante seis meses. Si no llegara un comprador que las vuelva a arrancar, serán demolidas. La empresa, en cambio, mantendrá activas las fundiciones de las dos plantas.
Trabajo solo para 200 La propuesta daría trabajo solo a unas 200 personas de las 686 que integran las dos plantas. Una vez cese la actividad en las series de electrólisis, los dos tercios restantes de la plantilla de Avilés y La Coruña irán al paro con un ERTE y si el 30 de junio no hay un nuevo inversor, serán indemnizados.
Venta activa La multinacional se compromete a iniciar un proceso de venta activa hasta el 30 de junio.
Firma entre hoy y mañana Para que Alcoa haga efectiva su propuesta, los representantes de los trabajadores deben dejar sellado hoy o mañana el plan social.
Plan social La empresa propone crear 50 puestos de empleo en San Ciprián mediante bajas incentivadas y otros 20 entre Avilés y La Coruña por medio de prejubilaciones (la mayoría se llevarían a cabo en la factoría gallega, pues la plantilla asturiana es demasiado joven). El resto de los trabajadores, si no se recolocan, serían indemnizados a partir del 30 de junio con 45 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades.
En este contexto, parte de la plantilla de Avilés se desplazó ayer a La Coruña para participar en una nueva manifestación en defensa de la continuidad de la actividad industrial. Unas 3.000 personas, según la Policía Local, estuvieron en la marcha, en la que pidieron al Gobierno central pasar a la acción para mantener las factorías y el empleo.
La protesta partió al mediodía desde la plaza de la Palloza y recorrió varias calles hasta la Delegación del Gobierno de la ciudad gallega. Durante el trayecto, de unos tres cuartos de hora de duración, los manifestantes volvieron a insistir en consignas que ya habían coreado el sábado en Avilés, reclamando una mayor intervención del Ejecutivo central e, incluso, la nacionalización de las factorías, un extremo que ya han rechazado en varias ocasiones los miembros del gabinete de Pedro Sánchez.
Los trabajadores saben que el tiempo se les agota y piden a contrarreloj una solución antes de que concluyan las negociaciones del ERE. Hoy volverán a reunirse con la empresa. Los representantes de la plantilla esperan que el Gobierno les comunique también su «posición final» y piden más soluciones y menos «palmaditas en la espalda». «Se nacionalizan hasta carreteras, ¿cómo no van a poder hacerlo?», señaló el presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, que ayer acudió a La Coruña y que reconoció que «puede ser difícil» para el Estado encontrar luego un inversor, pero que la intervención sí puede hacerse, más si cabe porque el sector del aluminio es clave.
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Por su parte el vicepresidente, Daniel Cuartas (UGT), asegura que los empleados mantienen la «intensidad del primer día», con el objetivo de «revertir la situación» porque «no puede ser que el Gobierno continúe con el inmovilismo, tiene que pasar a la acción», señaló. Mientras que Alberto Grijalbo (USO) reconoció que «son 48 horas clave», a la vez que espera que hoy se produzca algún acercamiento de la compañía y que se logren explicaciones por parte del Gobierno. El objetivo de los trabajadores es conseguir hablar hoy con miembros del Ministerio de Industria.
El Gobierno «tiene que intervenir de una manera o de otra, dejarse de postureo. No nos vale la propuesta de la empresa que está encima de la mesa de ninguna manera y queremos saber si esa iniciativa sale del ministerio, como nos ha dicho la propia Alcoa, de la Xunta o del Principado», señaló el presidente del comité de La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, durante la protesta de ayer.
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