La plantilla de Alcoa juega su última carta para frenar los cierres tras constatar avances

«Es el Gobierno quien tiene que buscar la solución y lo único que tiene que hacer Alcoa es poner el dinero. Pero tiene que dejarse de estar escondido detrás de las bambalinas y ponerse la frente. Si no, no tenemos solución»», señalaba el presidente del comité de empresa de la factoría asturiana, José Manuel Gómez de la Uz, momentos antes de acudir a una reunión con representantes del Ministerio de Industria. Después llegaría la maratoniana cita con los directivos de la compañía, en este caso en la sede del Ministerio de Empleo, que duró todo el día hasta bien entrada la noche -al cierre de esta edición seguían reunidos-. El encuentro estuvo marcado por la tensión, por las propuestas y contrapropuestas de ambas partes y algunos avances. La empresa rechazó el mantenimiento de la producción y de todo el empleo. Los trabajadores realizaron entonces una última oferta «en la que enfatizamos en la importancia de la inversión económica en las series de electrolisis de las dos plantas para que podamos seguir avanzando en esta negociación». Todo indica que la reunión tendrá continuidad a partir de esta mañana.

Empresa y trabajadores apuran los plazos del periodo de consultas, varias veces prorrogado, pero que ya tiene fecha y hora para su finalización: hoy a las siete de la tarde. No obstante, desde el comité no se descarta que se pueda prolongar más allá de esa hora, aunque si no hay un cambio de postura por parte de la multinacional, esta tendría 15 días para tomar una decisión definitiva e iniciar los despidos.

Mientras, desde Zaragoza, la ministra de Industria defendió ayer la labor del Gobierno en todo el proceso. Durante las últimas semanas los trabajadores han pasado de culpar únicamente a Alcoa de la situación a poner los ojos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusan de cierta desidia, falta de mano dura con la multinacional y, sobre todo, de no querer intervenir las factorías, al contrario de lo que sucedió con la banca o las autopistas quebradas.

Maroto, sin embargo, aseguró que llevan trabajando desde el anuncio del cierre y destacó como un logro la ampliación del plazo de negociaciones de los 30 días iniciales hasta 75. «Esto no ha sido casual, esto ha sido gracias al trabajo de todas las administraciones», recalcó la responsable de la cartera de Industria, que puso en valor la mesa creada por las administraciones -Gobierno de España, Xunta, Principado y ayuntamientos-. Incluso se atrevió a hablar de que se pueda lograr una salida a esta crisis, aunque reconoció que el plazo logrado no está siendo suficiente.

«La solución depende de todos, de la voluntad de todas las partes, de que la empresa ofrezca realmente garantías de que se puede mantener la producción de las plantas hasta que encontremos un nuevo inversor. Tenemos en estos momentos abiertas negociaciones con inversores potenciales que se tienen que sustanciar, pero para eso necesitamos tiempo», recalcó la ministra. «La voluntad del Gobierno es clara, ya hemos resuelto otras crisis, hemos aprobado también el real decreto para desarrollar el estatuto de industria electrointensiva para reforzar su competitividad y seguimos trabajando. No somos sospechosos de quedarnos en el despacho y mirar para otro lado», zanjó Maroto.

Durante todo el proceso trabajadores y administraciones han recalcado la importancia que tenía ampliar los plazos para lograr que un inversor pueda hacerse con las plantas, aunque Alcoa siempre ha puesto trabas a la posibilidad de que otro titular gestione las factorías, sobre todo, para evitar la entrada de un competidor en el mercado del aluminio primario en España, donde la multinacional es el único representante. De hecho, con el cierre de las factorías de Avilés y La Coruña la única planta del país que quedaría sería la que tiene en San Ciprián (Lugo), a pesar de que España supone más de una cuarta parte de su negocio en todo el mundo (el 28%).

«Si Alcoa se quiere marchar que ponga la 'pasta' y que sea el Gobierno quien busque un inversor», insistió ayer Gómez de la Uz. En este sentido, los sindicatos reclaman a la multinacional que cuantifique «todas las inversiones que no hizo hasta ahora y ponga el dinero encima de la mesa» y, a la par, que el Gobierno intervenga «porque tiene las herramientas necesarias para hacerlo», ya que el del aluminio es un sector clave para la economía española. Pese a estas reclamaciones, el Gobierno no está por la labor.

De hecho, tampoco barajó esas posibilidades en otros casos que prácticamente han coincidido en el tiempo, como el de la fábrica de Vestas, en Villadangos del Páramo (León), con cuya planta se quedó Network Steel, aunque apenas ha contratado a una veintena de sus 360 operarios, o el de Cemex, con plantas en Mallorca y Almería, para cuyos trabajadores se presentó ayer el expediente de regulación. La mesa que se formó con la Administración y la empresa indentificó diversos proyectos para intentar reindustrializar las zonas afectadas, aunque no hay garantías de que se mantenga el empleo. Mientras, ayer, el comité de empresa del astillero La Naval de Sestao, en Vizcaya, rechazó firmar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para toda la plantilla tras finalizar también el plazo fijado.