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La Unión Europea aún no ha desbloqueado los fondos que solicita Arcelor para su plan 'verde' en Asturias, aunque el Gobierno central diseña el marco ... que permitirá articular, al menos, una parte de las ayudas. En esa clave, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, que prevé una inversión pública de 3.100 millones de euros -1.500 en subvenciones y 1.600 en préstamos-. Más allá de esta cifra, según el Ejecutivo, su desarrollo va a permitir movilizar hasta 11.800 millones de euros, incrementar la competitividad del sector alrededor de un 10%, reducir las emisiones en 13 millones de toneladas de CO2 al año y crear unos 8.000 empleos.
La financiación vinculada al PERTE se distribuye en cuatro líneas. Las ayudas de actuación integral para la descarbonización contarán con 800 millones en forma de subvención y 1.500 como préstamo. Se destinarán a la electrificación y la incorporación del hidrógeno, la gestión energética integral de procesos industriales, la reducción del uso de recursos naturales o la captura de carbono, entre otros.
Descarbonización industrial 800 millones de subvención y 1.500 de préstamos. Se apoyará la electrificación de procesos y la incorporación del hidrógeno, la reducción del uso de recursos o la captura de CO2.
Cadena industrial del hidrógeno 450 millones de subvenciones para empresas del Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) sobre la cadena industrial del hidrógeno verde.
Contratos por diferencias de carbono 100 millones para el estudio y evaluación del desarrollo de un fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono y un proyecto piloto.
Instalaciones altamente eficientes 150 millones de subvención y 100 en préstamos para atraer nuevas instalaciones manufactureras descarbonizadas.
En segundo lugar, hay una línea de ayudas a empresas manufactureras participantes en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre la cadena industrial del hidrógeno renovable, para la que se destinarán 450 millones de euros en forma de subvención. Asimismo, se reservan 100 millones para el estudio y evaluación del desarrollo de un fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono y la realización de un proyecto piloto y, por último, se incluye una línea para nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas, que consistirá en 150 millones de subvención y 100 en préstamos.
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El presidente del Principado, Adrián Barbón, calificó ayer de «magnífica noticia» la aprobación del PERTE, «una apuesta seria y rigurosa» que, según explicó, él mismo planteó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una visita a la región, «para que las empresas asturianas puedan aprovechar estos recursos para que tengan futuro». «Quedarnos como estamos lo único que significaría sería la desaparición», insistió sobre el proceso de transición energética.
Competencia
No obstante, a pesar de estas cuantías, parece complicado que Arcelor pueda solucionar a través de este PERTE todas sus necesidades de financiación, ya que la compañía espera conseguir alrededor de 500 millones de euros de los 1.000 a los que ascendería su plan 'verde' para Asturias. Esto supondría hacerse con un tercio de las subvenciones que se plantean, algo improbable, ya que para captar los fondos tendrá competencia. Destaca el ministerio, entre los sectores que podrían beneficiarse del PERTE, la fabricación de productos minerales no metálicos (cerámica, cemento y vidrio), la industria química, el refino de petróleo, la metalurgia y la fabricación de papel y pasta de papel.
Por otro lado, entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar el impacto de la guerra en la industria, también se incluyó una línea de ayudas de 450 millones de euros para compensar el incremento de costes para las empresas gasintensivas, que se complementa con la línea de financiación ICO-Ucrania por otros 500 millones. Asimismo, se prorrogan entre seis meses y un año ayudas a las electrointensivas, como la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del impuesto de la electricidad, la suspensión del tributo sobre el valor de la generación y la reducción del 80% de los peajes, que supondrá unos 112 millones de euros.
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