P. LAMADRID
GIJÓN.
Jueves, 29 de julio 2021, 01:45
Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) ha remitido al Principado el proyecto de explotación y restauración de Salave para su estudio, junto a su evaluación de impacto ambiental, que implica una inversión superior a cien millones de euros en el concejo de Tapia de Casariego ... y en el occidente asturiano. Se trata de una iniciativa «nueva y singular de minería subterránea con el prisma del respeto medioambiental y la eliminación de los impactos, especialmente el visual», según explicó ayer la compañía mediante un comunicado. En términos laborales, estima que supondría la creación de entre 150 y 200 empleos directos y más de mil indirectos.
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EMC da este paso después de haber analizado el documento de alcance enviado por el Gobierno regional. El inicio de este proceso de autorización ambiental se hace «desde el convencimiento de que es posible desarrollar una operación minera económicamente viable y medioambientalmente sostenible con el objetivo global de alcanzar el riesgo cero», apuntó. La propuesta plantea una operación concebida con la tecnología «más moderna, contrastada y un fuerte compromiso con el entorno, que garantice la sostenibilidad medioambiental, de acuerdo con los propios compromisos de la compañía» y con la legislación vigente. La singularidad precisamente es que estas tecnologías permiten la separación de un concentrado de sulfuros de la mina de Salave como producto final.
De este modo, se excluye y elimina la necesidad de utilizar productos cianurados en el proceso, como ocurre habitualmente en las minas de oro. La extracción subterránea y su relleno total «minimiza» los residuos mineros y la superficie necesaria para gestionarlos. La actividad regular se desarrollará ajena al entorno, al estar las infraestructuras exteriores completamente cerradas dentro de edificios industriales.
Además, según EMC, el proyecto no generará ningún vertido a cauce terrestre y propone medidas para una protección máxima de las aguas subterráneas, que incluyen la deposición en el mar exclusivamente de agua limpia a través de un emisario submarino a 800 metros de la costa y 17 metros de profundidad, «sin afección al medio marino, la costa y playas de la zona». Por otro lado, el método constructivo de los depósitos permite recuperar los usos actuales del suelo al final de la vida útil de la mina, estimada en unos 16 años. Al término del proyecto, se eliminarán todas las construcciones en superficie y se rellenarán los huecos generados en el interior de la explotación.
Por su parte, la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, señaló ayer que este proyecto -en fase de análisis- «parece que incorpora modificaciones sustanciales respecto a proyectos que se presentaron en el pasado».
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