Miles de funcionarios salen a la calle contra los recortes en sus prestaciones sanitarias

«Exigimos que se concrete lo antes posible un acuerdo estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones», explicaron los sindicatos participantes en el manifiesto firmado a finales de noviembre, cuando anunciaron las movilizaciones como medida de presión al Gobierno y también a las compañías de seguros que prestan a día de hoy los servicios de salud a más de un millón de funcionarios y sus familias, DKV, Asisa y Adeslas, que decidieron no acudir al último concurso para los próximos dos años al considerar que no les sale rentable y pierden dinero.

«Tenemos que conseguir que haya un concierto sanitario, mejor de tres años que de dos, que se produzca un debate sosegado y sereno y que se garantice a medio plazo la mejor prestación sanitaria a las y los mutualistas», defendió Maribel Loranca, responsable del Sector de Enseñanza de UGT.

Por su parte, Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, abogó por, tras la firma del convenio, «abrir un espacio de reflexión para garantizar a futuro la asistencia sanitaria de funcionarias y funcionarios públicos, que no pueden verse sometidos cada dos o tres años a esta incertidumbre».

En las concentraciones de este miércoles por la mañana se ha exigido al Gobierno y a la propia mutualidad una mayor transparencia en la negociación del nuevo concierto, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año. Los sindicatos piden, además, que se les incluya en el proceso para velar por la seguridad de la atención sanitaria de las personas mutualistas.

Esta tarde, a las 17:30 horas, continuarán las concentraciones frente a las sedes de MUFACE en todo el territorio nacional.

Las personas que están cubiertas por Muface deciden cada año quién les va a dar asistencia sanitaria, si una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 28% optó por la sanidad pública.

Como dato significativo, las nuevas generaciones del funcionariado, que son menos costosas en términos de atención, están optando mayoritariamente por el sistema público. En 2022, dos de cada tres nuevos funcionarios eligieron ser atendidos en la sanidad pública, rechazando los seguros privados ofrecidos por Muface, según datos de UGT.