La Justicia acusa a Rato de «defraudar» con sociedades en el extranjero

La última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid afecta precisamente a ese segundo delito de lavado de dinero, que deberá ser investigado ahora por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Para ello ordena la reapertura parcial de la pieza separada sobre los contratos de su entramado societario con una docena de compañías privatizadas, mientras fue miembro de los gabinetes de José María Aznar, que fue cerrada por dicho juez en mayo.

El tribunal madrileño reconduce así la labor del instructor, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que defiende aquí los intereses de la Agencia Tributaria. Eso sí, le da la razón en el archivo de un posible cohecho.

Según Serrano-Arnal, «no esta acreditado» que los nombramientos de los presidentes de aquellas empresas - las joyas de la corona del antiguo 'holding' de compañías estatales (Telefónica, Repsol, Endesa, Altadis...)- «fuesen de la exclusiva potestad del investigado», sino que, «en muchos casos, están sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada». La Sala que ha revisado este asunto lo comparte: afirmar que tales designaciones «tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios (por parte de sus empresas) es una conclusión que no se sostiene».

«No estamos ante hechos concluyentes», advierten los magistrados, quienes recuerdan que básicamente se parte de «opiniones de testigos» y «sospechas» que «no son lo suficientemente reveladoras». «Confirmar o descartarlas -advierten- supondría una ingente instrucción que implicaría la investigación de todo el proceso de privatización de todas las sociedades de capital público, del nombramiento de sus presidentes, de cómo influyó decisivamente Rodrigo Rato, de la actuación de aquellos para favorecer a sociedades vinculadas con él, de su contratación de dichas empresas, de los pagos percibidos y de los servicios -o ausencia de ellos- realizados a cambio».

«En suma -concluye la Audiencia- nos encontraríamos ante una auténtica causa general de resultado sumamente incierto», algo que ella misma ha declarado «proscrito» en resoluciones anteriores. Eso, añade, sin contar con que «supondría una dilación intolerable» de la causa y «un efecto absolutamente indeseable». Por eso mantiene archivadas las pesquisas sobre un supuesto cohecho, aún habiendo señalado antes en contra del criterio del juez que tal delito no habría prescrito. Solo lo habría hecho el pago de una comisión desde Azucarera Ebro.

Donde los magistrados sí aprecian elementos para profundizar de forma obligada en la investigación es en lo referente al «blanqueo externo», como lo denomina la Guardia Civil en sus informes sobre los movimientos patrimoniales de Rato. En concreto, el uso de dos firmas instrumentales, Vivaway y Kradonara (propiedad del cuñado de Rato y desde 2006 solo suyas), para repatriar a España 7,8 millones de euros.

Ese dinero procedería de los pagos a Cor Comunicación, sociedad controlada por la familia Rato, de hasta 72 millones entre 1998 y 2013 por distintos contratos publicitarios. El tribunal lo da por sentado pese a rechazar que haya blanqueo interno por no ver indicios de cohecho.

Lo que existiría, a su juicio, son «indicios suficientes» de que el expolítico usó «testaferros y sociedades fiduciarias» para operar en el extranjero, «cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a Hacienda». Para ello, concluye, les mandaba «cantidades de dinero que permanecían ocultas al fisco», hasta que luego retornaban mediante varias firmas instrumentales.