«No es que la gente no quiera trabajar; no quiere por 500 euros, no puede vivir así»

–En la primera reunión de la concertación, su primera petición fue «licitar todo lo que tiene que ver con inversiones en los tres primeros meses del año.

–Sí, porque este año llegarán los fondos de Transición Justa, que ha llevado mucho tiempo solicitarlos y acordar con la UE qué financian y qué no. Una vez que lleguen, nos podemos encontrar, por los filtros que tienen que pasar en el Principado, que se tarde seis meses en sacar las convocatorias y ponernos a funcionar. Y necesitamos la mayor agilidad posible. Son 260 millones. En licitaciones hemos visto que las previstas en el año tardan en salir a contratación y luego hay muy poco tiempo para ejecutar.

–El presidente de la patronal de la construcción se queja de la demora de los fondos europeos.

–Si uno analiza en los portales del ministerio los fondos europeos (de Recuperación y Resiliencia) que vienen para Asturias, somos una de las comunidades a donde más recursos llegan y donde más se ejecutan. Es verdad que van con un poco de retraso algunos PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) como el de descarbonización y el naval. El problema, en mi opinión, es que, aunque se estén movilizando, tenemos que saber a dónde van, para qué y cómo están repercutiendo. Que se hayan destinado 125 millones a culminar la variante de Pajares lo sé de casualidad, porque en una conversación me lo dijo el consejero Alejandro Calvo. De ahí que vea necesario que haya un órgano donde podamos hacer seguimiento de los recursos que llegan mediante fondos. Ordinarios y extraordinarios.

–¿Están activando la economía asturiana?

–En parte sí, hay un montón de proyectos anunciados, pero no se ven de la noche a la mañana.

–Usted mismo, en abril, en la creación del Observatorio de la Transición Justa, decía que «había más proyectos que recursos» y que no se podía perder el foco de atraer empresas y empleo.

–Sigue siendo el objetivo: que vertebren el territorio allí donde el cierre de minas ha dejado la actividad muy mermada, que generen empleo y que procuren ser tractores. Precisamente, esta misma semana hemos conocido el plan de actuación de la Agencia Sekuens (de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana). En este año que entra va dirigido a 500 empresas beneficiarias con unos 600 proyectos. Ya hemos apuntado que, aparte de los indicadores de mejora de la competitividad, hay que sumar los de creación de empleo.

–Dentro del diseño del nuevo Ejecutivo regional, la separación de Industria y Empresas en dos consejerías distintas no le convencía. ¿Sigue opinando igual?

– Para mí, lo más importante es la coordinación. ¿Hubiese diseñado la estructura del Gobierno así? Posiblemente no. A Industria van los recursos económicos y es Ciencia y Empresas quien tiene que ejecutar a través de la Dirección General de Empleo y Sekuens. Quien recibe y quien ejecuta no están en la misma consejería y, por tanto, se requiere coordinación, pero hasta el momento es buena.

–También cambia la estructura del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa). ¿Contribuirá a casar demanda empresarial y mano de obra?

–Debe hacerlo. También en la concertación hemos planteado crear una mesa para analizar los desequilibrios entre oferta y demanda, y eso conlleva conocer qué ofertas hay en el mercado de trabajo que no se cubren con el nivel de desempleo que tenemos tan importante, por qué no se cubren, por qué no acuden las empresas al Sepepa... Hay que analizar todas las variables y adecuar el Sepepa para que sea una auténtica agencia de colocación, no un órgano administrativo. Ahora bien...

–... Que hablemos de las ofertas de trabajo, ¿verdad?

–Es que en esta campaña de navidades estamos viendo ofertas a tiempo parcial de un día sí y un día no, y el día que sí, cuatro horas por la tarde. Tiempos parciales de tiempos parciales. Ocurre en grandes superficies comerciales y en centros de alimentación. Además, ahora, con la apertura de la variante de Pajares y la oportunidad de desestacionalizar el turismo, hay que dignificar la hostelería, que va a experimentar un repunte. Sentémonos y busquemos soluciones.

–Otea dice, sin embargo, que el problema no son tanto los sueldos como la cultura del trabajo.

–Los salarios de convenio claro que son dignos. Los hemos pactado. Un salario mínimo de ocho horas. Pero si luego contratas viernes, sábado, domingo cuatro horas, te quedan 400, 300 euros y eso no es digno. Hay que tener gente estable. Al finalizar la campaña de verano, hubo un aumento del paro de mil y pico trabajadores porque esos mismos empresarios echaron a los fijos discontinuos que no vuelven a contratar hasta el año que viene. Después, dicen que no hay camareros. No haberlos echado. Se está utilizando mucho la figura del fijo discontinuo y así es muy difícil garantizar la calidad del servicio.

–Entonces, ¿60.000 parados y no hay mano de obra?

–Hay mano de obra porque hay 60.000 parados asturianos que quieren trabajar. Nadie quiere vivir con un subsidio por desempleo de 500 euros. Con las hipotecas y los precios de los alquileres por las nubes y los productos de primera necesidad y los precios energéticos aún tan elevados, nadie puede vivir con un subsidio por desempleo. Si uno gana lo mismo trabajando que estando en paro, tenemos un problema de mercado de trabajo. Insisto: no es que la gente no quiera trabajar. No quiere trabajar por 500, por 600 euros, porque no se puede vivir con eso.

–Mucho se habla de la FP y de que un buen número de trabajos del futuro serán de perfiles técnicos, pero la FP no cuaja. ¿A qué lo atribuye?

–Nosotros apostamos por la FP dual con contrato de trabajo. Hicimos un proyecto piloto para 120 alumnos y no encontramos más de 60 empresas que quisieran acogerse al plan. Tampoco había muchos alumnos apuntados. Hace falta una labor de marketing muy importante desde todos los ámbitos para hacer resaltar la FP y las salidas que tiene. Vamos a ver si con vistas al próximo curso (2024-25) somos capaces de tener una oferta de este tipo con contrato de trabajo.

–¿Y qué pasa con la FP dual Universitaria? ¿Está en vía muerta?

–No hay nada, aunque está claro que hay que acercar la demanda a la oferta de la Universidad.

–La ley del Consejo Económico y Social (CES) sigue sin aprobarse. ¿Qué gana Asturias con este órgano?

–Su objetivo es emitir dictámenes previos a la presentación de proyectos de ley en la Junta. Supone un aval de las organizaciones sociales y económicas de Asturias. De Fade, de los sindicatos, de la Universidad, de las Cámaras, de la FACC... Y, por no tenerlo y no formar parte del CES de España, nos estamos perdiendo poder defender los intereses de Asturias en el corredor atlántico. Que antes se quisiera que funcionara de otra manera (por el sueldo del entonces presidente) no debe quitar importancia a este órgano. Un órgano de prestigio.

–En vísperas de la llegada de la alta velocidad, compartía que no se puede hablar de futuro sin el Plan de Cercanías.

–Así es. Para nosotros, fundamental.

–¿Habrá concertación social antes de Semana Santa? ¿Cuál es el resto de prioridades?

–Soy optimista, lo habrá. Fuimos pioneros en España en iniciar un diálogo de concertación social y experiencia tenemos. Y hay presupuestos. ¿Prioridades? Reforzar la sanidad, especialmente en salud mental. Que haya más psicólogos sanitarios en los ambulatorios. Reduciría listas de espera, evitaríamos pastillas, podríamos dar un tratamiento preventivo y dejaríamos que los médicos de familia se dediquen a las enfermedades comunes.También hay que seguir priorizando la educación: reducir los porcentajes de interinidad y salarios homologados al resto de España. Y la tercera, trabajar en la dependencia. Porque la dependencia es el gran reto que hay que afrontar desde los público. Se va a multiplicar por dos la población mayor de 65 años, con una esperanza de vida entre que uno se jubila y fallece superior a los 20 años.

–Acaba el año y Arcelor no aprobó la inversión en la planta DRI (Reducción directa del mineral de hierro). ¿El proyecto quedará aparcado tras haberle concedido una subvención de 450 millones?

–Confío en que no. No debe quedar aparcado y desde UGT estamos trabajando, desde las secciones sindicales hasta la federación estatal, para que no ocurra. Es una pena que perdamos presencia asturiana en el Ministerio de Industria. Conocer la realidad y singularidad de la región desbloquea y ayuda muchísimo. En este contexto, hay que subrayar que tenemos que tener unos costes energéticos competitivos, porque si no, la industria va a pasar muchas dificultades. Para las grandes empresas es más fácil invertir en India, China o EE UU. Hay que tomárselo en serio. Hay que aprobar estas inversiones, pero también mantener la capacidad productiva y el empleo. Eso es lo que da futuro.

–En Lada y en Soto de la Barca no hay planes alternativos para las térmicas...

–Hay 260 millones de Transición Justa que van a llegar y habrá que ver cada proyecto. Hay iniciativas y recursos. Quiero ser optimista y creer que en dos o tres años esos suelos estén ocupados.

–¿Cómo ve el papel de Hunosa? Hay quien lo tilda de «indefinición» cuando Pedro Sánchez dijo que iba a estar a la vanguardia y ser buque insignia en la transición energética.

–Hunosa tiene capacidad para convertirse en una empresa que controle varias tecnologías de producción de energía a través del agua (de la mina) y, para nosotros, ha de ser una compañía pública que lleve un control de los precios de la energía, una vez se apruebe la Ley de la Energía y dentro de lo que debería ser un Pacto de Estado por la Energía.

–¿Comparte la necesidad de revisar las directrices de los parques eólicos? La consejera Nieves Roqueñí habla de repotenciar parques instalados y ver el potencial de otras áreas, no solo la suroccidental.

–El futuro está en la energía renovable y Asturias tiene potencial en parques eólicos. No obstante, tenemos que escuchar la letra pequeña que propone la consejera y analizar técnicamente qué es lo que se pretende.

–El Ejecutivo central ha aprobado retirar gradualmente las bajadas de impuestos en la luz y el gas. ¿Es el momento pese a la moderación de la inflación?

–Somos de la opinión de que habría que haber mantenido las mismas ayudas que hasta ahora, porque aunque la inflación haya bajado, insisto, las hipotecas están por las nubes. Igual, los productos de primera necesidad. Y los costes energéticos siguen estando muy elevados. No es el momento. Los bancos, las grandes empresas y energéticas, con beneficios multimillonarios, tienen que contribuir.

–En la carrera por las rebajas fiscales, Asturias aplicará deducciones por valor de 57 millones, lo que afectará a las arcas regionales.

–Asturias tiene un sistema fiscal con el que estamos de acuerdo, en el que no hay rebajas generalizadas, como otras comunidades que hacen un verdadero 'dumping' fiscal, sino que las rebajas van en función de la renta. Pagan menos los que menos tienen y más los que más tienen. Lo vemos acorde. En nuestra opinión, en el Estado tiene que haber una reforma fiscal integral.

–¿Hacia la homogeneización?

–No se pueden quitar competencias, pero hay que acabar con este 'dumping fiscal' que provoca que haya regiones de primera y de segunda. Hay que garantizar la calidad de los servicios públicos y luego uno verá con qué lo hace: mediante impuestos propios, endeudándose o vía financiación autonómica. Lo que no vale es bajar la fiscalidad y pedir más dinero a través del modelo de financiación autonómica. Eso va también en contra de Asturias.

–¿Pero el sentido de dicha ley?

–La garantización de servicios públicos, que pague el que más tiene y acabar con la economía sumergida.

–¿Pensaba que íbamos a llegar a esta polarización política?

–La pluralidad política es sana, siempre que haya altura de miras en los partidos políticos mayoritarios que permitan tener pactos de Estado. Esta polarización es perjudicial. La pluralidad política la hemos convertido en bloques, donde cada uno se va al extremo y no se llega a pactos que beneficien a los ciudadanos.

–¿Comparte que el PSOE se haya apoyado en partidos independentistas y en Bildu para lograr la investidura?

–El PP intentó formar gobierno y no lo consiguió. Y el PSOE, en su capacidad para acordar, tenía que buscar los consensos necesarios. Lo peor que nos puede pasar como país es que la ultraderecha entre en los gobiernos. ¿Convocar elecciones? Puede salir lo mismo o la ultraderecha.

–¿En qué punto está la situación judicial del sindicato?

–En un punto de indefensión de justicia. 17 días naturales tardó en salir la sentencia después de cinco años de investigación. El recurso ante la Audiencia Provincial se presentó hace dos años y seguimos esperando y que se nos dé la razón. Los cursos se impartieron, eso no se cuestiona; se justificaron, los validaron los técnicos competentes y cuando algo entendían que no era válido, se nos revocó. De hecho, estamos devolviendo dinero de algún curso de formación. Es el procedimiento habitual. Siempre ha sido así. Pero esto es otra historia. ¿Que los técnicos no lo validaron bien y es mucho más el dinero que se tenía que haber devuelto? ¿Y que es penal porque pasa del umbral económico de un caso administrativo? No consigo entender la investigación. Tal parece que, en base a esto, hemos creado una organización casi criminal. No sé por qué a la UGT en ese momento se nos metió ahí. Hay un hecho sangrante que es explicativo: uno de los condenados es el técnico de administración. Se encarga de los contratos de trabajo, de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es el único que no es ejecutivo. Su nómina no se admitió como necesaria para ejecutar los cursos y, sin embargo, fue condenado porque su participación se consideró necesaria porque era quien contrataba a los profesores y quien justificaba los cursos. ¿Qué contradicción es esa?

–¿32 horas?

–En un convenio sectorial es difícil. Está habiendo pruebas piloto de ir a 32 horas. Cuatro días a la semana de trabajo. En una sociedad donde la inteligencia artificial en muy pocos años va a copar toda la manera de producir y dar servicios, se puede ir a jornadas más reducidas sin perjudicar la productividad de las empresas, permitiendo que potencie la conciliación y el consumo de ocio.

–Fade tilda de «injerencia» la reducción de la jornada laboral y cifra el impacto en las empresas en 500 millones de euros.

–De todos los pronósticos que ha hecho, no se ha cumplido ninguno. Decía, como la CEOE, que subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) iban a cerrar las empresas y quebrar los convenios. Y hemos visto cómo pasan de rechazar los 1.080 euros, que es lo que había el año pasado, a reclamar ellos, sin que nadie se lo pida, una subida del 3%. La economía goza de salud. No se va a quebrar por reducir jornadas ni aumentar salarios.

–En las últimas semanas ha expresado su preocupación por el sistema de contratación pública.

–Sí, porque es un nuevo sistema de precariedad laboral. Empresas que tiran los precios, que hacen bajas temerarias, acceden a las convocatorias y ganan. Después, no pagan los salarios, no pagan a Hacienda, no pagan a la Seguridad Social uno, dos, tres meses. Hasta que no pasan una serie de meses no hay manera de rescindirles el contrato y hay que sacar unos nuevos pliegos para contratar a otra empresa. Mientras, los trabajadores sin cobrar. Y no pasa nada. Cierran las empresas, vuelve a salir otra convocatoria, cambian el CIF, las pegatinas de los coches y se vuelven a presentar. Y volvemos a lo mismo. En toda esta situación hay trabajadoras de ayuda a domicilio, vigilantes de seguridad, las trabajadoras de limpieza de Correos, de las cafeterías de los hospitales... Hay que acabar con este sistema de contratación pública porque lo único que trae es precariedad laboral. Precariedad laboral con dinero público. Los gobiernos tienen que dejar de ser cómplices de este sistema.