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CLARA ALBA / LUCÍA PALACIOS
MADRID.
Sábado, 26 de marzo 2022, 01:03
No hay tregua. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte -organizadora de los paros en el sector- ha decidido prolongar las protestas que en los últimos doce días han puesto en serios apuros la cadena de suministros del país.
La decisión llegaba tras una jornada ... maratoniana que comenzó con una multitudinaria protesta frente a las puertas del Ministerio de Transportes, donde horas antes -en la madrugada del viernes- el Gobierno pactaba con el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC) un paquete de ayudas por valor de 1.050 millones de euros para hacer frente a la crisis energética. Entre ellas, la medida estrella: una bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina al sector.
Desde primera hora, el presidente de la plataforma convocante del paro, Manuel Hernández, había mostrado su rechazo al pacto. «Tendrían que bajar más de 60 céntimos para no trabajar a pérdidas. Los 20 céntimos apenas sirven para cubrir la mitad de las pérdidas que tenemos mensualmente», aseguraba entre los más de 4.000 manifestantes presentes en la marcha, según la delegación del Gobierno en Madrid.
La intensidad de la protesta sirvió para que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reculase en su postura de no reunirse con los convocantes. Pero su encuentro con Manuel Hernández solo sirvió para aplacar un poco los ánimos. A la salida de la reunión, de unas dos horas de duración, Hernández dejó claro que los paros continuarán hasta que puedan «arrancar sin pérdidas». «Irremediablemente, muy a nuestro pesar, seguimos con el paro nacional indefinido. Nos cuesta dinero trabajar», insistió el representante de los huelguistas.
Además de las ayudas, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la patronal mayoritaria establece que, antes del 31 de julio, el Ministerio presentará un proyecto de ley para aplicar al transporte de mercancías por carretera los principios que rigen la Ley de la Cadena Alimentaria, que impiden trabajar a pérdidas.
La norma tendría que ser remitida después al consejo de ministros. Así que desde la Plataforma que lidera los paros exigen medidas transitorias hasta que esa ley se ponga en marcha. «Si no tenemos la garantía de que el lunes salimos sin perder dinero, no podemos desconvocar», aseguraba ayer Hernández.
Por su parte, la ministra Raquel Sánchez insistió ayer en que las reivindicaciones de la plataforma están incluidas en el acuerdo alcanzado el viernes, recordando que la redacción de una ley requiere de «tiempo y trabajo». «Confío en que a partir del lunes reactiven su actividad», expresó tras su encuentro con Hernández, con quien se disculpó por haber tachado de «violentos» a los huelguistas de manera generalizada unos días antes.
Sánchez apeló a la responsabilidad del sector para evitar «que este país esté sometido a incertidumbres». E insistió en que, si deciden no salir a trabajar, «que al menos dejen hacerlo de forma segura a la mayoría de transportistas que sí quieren».
Adicionalmente, la ministra recalcó que el acuerdo «está cerrado», en referencia a la posibilidad de añadir nuevas peticiones planteadas por la Plataforma en Defensa del Transporte. Un pacto que, al menos, ha evitado la huelga de taxis, autobuses y ambulancias (pertenecientes a la rama de viajeros del CNTC) prevista en un principio para este domingo en Madrid. Los convocantes consideran que las medidas acordadas «son un impulso para que, por parte del sector, podamos asumir el coste del aumento de las energías y mantener nuestra actividad», según indicó ayer el representante del departamento, Julio Sanz.
Antaxi considera además que desconvocar la manifestación es también «un acto de responsabilidad» hacia el Ministerio y hacia los ciudadanos, que son, en última instancia, «los que sufren este tipo de protestas que no son del agrado del colectivo y a las que se llega siempre como último recurso».
Algo más críticos se mostraron desde la asociación de autocares Anetra, que reconoce que el acuerdo «no les satisface del todo», ya que no incluye ninguna referencia sobre los contratos públicos.
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