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SANDRA S. FERRERÍA
OVIEDO.
Miércoles, 30 de enero 2019, 03:12
El Gobierno reduce a 250 trabajadores la plantilla de Alcoa que el nuevo inversor tendría que absorber. Ante una pregunta del diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, aseguró en la comisión de industria del Congreso que «no son 700 puestos de trabajo sino que nos tenemos que referir a bastantes menos». A su juicio, «hay 450 trabajadores, más o menos, ya ligados a proyectos industriales de Alcoa y los otros 250 vamos a trabajar de manera intensa para buscar inversor para dar solución integral a las dos plantas».
Sin embargo, esas cifras no se ajustan a la realidad. El acuerdo de la empresa con los sindicatos recoge medidas para los 623 indefinidos. De ellos, da soluciones de empleo para 355 empleados, aunque algunas solo hasta el 30 de junio. Plantea 44 prejubilaciones, un centenar de recolocaciones en la planta de San Ciprián (la única que Alcoa pretende dejar activa en España) y que se harían mediante prejubilaciones en la factoría lucense, y el mantenimiento de 205 empleos, 114 en la factoría de La Coruña y 91 en la de Avilés. Estos últimos solo se mantendrían hasta mediados de año. Además, el compromiso de Alcoa de invertir en el rearranque de las cubas de electrolisis 20 millones de euros por factoría si se encuentra un inversor, únicamente se mantiene si el nuevo titular subroga a la totalidad de la plantilla, de tal forma que la multinacional americana no tenga que pagar ningún despido y tampoco prejubilaciones.
Por otro lado, el Principado presentará una enmienda al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez más de cien millones de euros extra para la industria electrointensiva.
Así lo trasladó ayer a los representantes de los trabajadores de Alcoa en Avilés el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, quien consideró que la dotación para la compensación por costes indirectos de las emisiones de CO2, directamente vinculados con la actividad de la industria electrointensiva «es insuficiente». Pola detalló que en el anteproyecto están presupuestados para ese concepto 11,3 millones en el Ministerio de Industria; 31,9 millones en el Ministerio para la Transición Ecológica; y otros 80 millones a través de una disposición adicional.
Esas partidas suman una cuantía de 123,2 millones de euros que para el ejecutivo asturiano resultan «insuficientes» dado que por ese concepto se alcanzó una cifra de 62 millones para 2017 y se estiman más de 167 millones para 2018, con lo cual se superarían los 229 millones.
Las ayudas por los costes indirectos de CO2 tenían una partida de 150 millones en los anteriores presupuestos. Se trata de una medida introducida durante la negociación presupuestaria entre Foro y PP. Sin embargo, a estar programados 150 millones, únicamente se ejecutaron 84.
La reunión con los sindicatos, en la que también participó el presidente del Principado, Javier Fernández, se produjo para preparar el encuentro que el martes que viene mantendrán el Gobierno central, Alcoa, los ejecutivos de Galicia y el del Principado y los sindicatos mayoritarios con el objetivo de buscar un inversor.
Durante la cita de ayer, todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno impulse con urgencia el Estatuto de Industrias Electrointensivas. «Es un elemento esencial para la búsqueda de una solución para las plantas de Alcoa», señaló Pola, que recordó que el Ejecutivo tiene el compromiso de desarrollarlo en seis meses. El Principado, de común acuerdo con los sindicatos, requerirá a la Administración central que lo desarrolle «a la mayor brevedad sin apurar esos seis meses de plazo».
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