El Gobierno aprueba una reducción de jornada que se modificará para atraer a Junts

Sin embargo, este «día histórico», en palabras de la titular de Trabajo, solo es una primera victoria de una guerra que realmente tendrá que resolverse en el Congreso. Y ahí es donde, ya se sabe, la nueva norma para reducir la jornada laboral de 12,5 millones de españoles (los que tienen ahora horarios superiores a 37,5 horas a la semana) sí que cambiará, y previsiblemente de forma considerable.

Con seguridad se incluirá un paquete de ayudas e incentivos para acompañar a las empresas en esta reducción de horas, pero incluso podría ser que en el Congreso se pactara postergar su entrada en vigor más allá del 31 de diciembre de 2025, que es otra de las líneas rojas que Díaz se niega a traspasar, pero que desde el ala socialista del Gobierno sí ven con buenos ojos para contentar a la patronal, que defiende que hay que respetar los convenios colectivos en vigor.

Precisamente, la dirigente de Sumar ha recalcado que «a pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo del diálogo social», en referencia a las críticas que este mismo martes han dirigido desde la patronal contra la medida asegurando que defenderán sus posturas y trasladarán a los partidos políticos sus opiniones.

La norma debe recibir los preceptivos informes de los órganos consultivos y después regresará al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley. Pero una vez llegue al Parlamento los tiempos escaparán al control del Gobierno, ya que allí tendrá que superar enmiendas totales y enmiendas parciales que pueden presentar los grupos. La rebaja cuenta, a priori, con el visto bueno de los socios parlamentarios del Ejecutivo a excepción de Junts, que ya ha anticipado que la negociación será complicada y que para sacar adelante cualquier medida tendrá que hablar con su formación, «cosa que no ha pasado hasta ahora», ha incidido su vicepresidente, Josep Rius.

Díaz ha evitado referirse directamente al partido que lidera Carles Puigdemont ni concretar si se ha abierto ya la carpeta de la reforma laboral, limitándose a señalar que Cataluña será una de las regiones más beneficiadas por esta medida y que espera que la comunidad «dé lo mejor sí misma» aludiendo a su «tejido empresarial moderno». «Estoy convencida de que hay margen porque la medida está ganada en la calle. Es muy difícil buscar razones para tumbarla», ha subrayado.

El sí de Junts no sería necesario de contar con el apoyo del PP, por lo que la dirigente de Sumar ha descargado toda la presión sobre los de Alberto Núñez Feijóo, a los que acusa de hacer una oposición «totalmente destructiva» y una «política inútil». En este sentido, la ministra de Trabajo llama a los populares a ser «prácticos» y que apoyen esta medida cuando llegue al Congreso. «137 diputados del PP deben decidir esto. Quiero recordar que este debate de la reducción laboral fue al Congreso y el PP se abstuvo», afirma.

Tras superar sus discrepancias con el departamento capitaneado por Carlos Cuerpo, ambos ministros han celebrado los «avances en derechos», coincidiendo con un contexto de mejora de las previsiones económicas y de creación de empleo para los próximos años y cerrando filas en torno a la postura del Ejecutivo sobre los siguientes pasos que tiene por delante la norma. «La negociación parlamentaria no va a ser fácil, pero vamos a poner todos los esfuerzos», ha insistido el titular de Economía, que ha insistido en que no se van a marcar «líneas rojas» en este proceso, pese a que en los últimas semanas ha venido defendiendo que se debe poner en marcha un plan de acompañamiento para que las empresas, y en particular las de menor tamaño, puedan adaptarse a la reducción de forma paulatina y teniendo en cuenta sus particularidades.