Oferta récord de empleo público: 31.465 plazas en Administración y 8.681 para fuerzas de seguridad

De la cifra total, 31.465 plazas se destinarán a la Administración General del Estado. Y, de esas, 20.840 serán de acceso libre, a las que pueden acceder cualquier persona que cumpla con los requisitos de las bases, mientras que otras 10.625 serán de promoción interna. «La oferta acelera la recuperación del empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso de envejecimiento de las plantillas», explicó el ministro de Transformación Digital y de la FunciónPública, José Luis Escrivá, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Otras 8.681 plazas se dedicarán a reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, repartidas entre 2.857 para el Cuerpo Nacional de Policía, otras 3.158 para la Guardia Civil y otras 2.666 para las Fuerzas Armadas (militares).

Aunque habrá que esperar a la publicación en el BOE para conocer los detalles de las plazas con las que se reforzarán servicios como el SEPE, el ministerio sí ha querido especificar algunos datos que marcan la diferencia de esta nueva ronda de empleo público, que seguirá siendo uno de los motores del mercado laboral como en los últimos años.

En concreto, se reserva un cupo del 10% a personas con discapacidad (3.147 plazas, 629 para personas con discapacidad intelectual). Y se avanza en el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía, con muchas instituciones como el SEPE o la Seguridad Social colapsadas con las citas previas. El ministro de Función Pública, que ya tuvo que lidiar con este problema al frente de su anterior ministerio, detalló la creación de 8.440 plazas de turno libre de los subgrupos C1 y C2 para esa mejora de la atención a los ciudadanos. También incluye una «oferta histórica» en Justicia -otra de las administraciones con más problemas en este punto- con 2.520 plazas de turno libre.

«La oferta aprobada hoy se caracteriza por estar alineada con los sectores estratégicos, la transición hacia el nuevo modelo de recursos humanos, basado en la planificación, y crear empleo inclusivo y de cohesión. Así, el mayor número de plazas va destinado a los sectores prioritarios como Análisis y Gestión de políticas públicas, cohesión social y empleo público inclusivo, reforma y modernización de la justicia, transformación digital, I+D+i, etcétera», añadió Escrivá.

En concreto, se reservan casi 1.000 para instituciones penitenciarias, y otras 2.000 para transformación digital, prioritario para el ministerio de Escrivá.

Del total de plazas -las más de 40.100 aprobadas- 27.360 serán de acceso libre y 12.786 de promoción interna. «En términos netos, evaluando altas y bajas, hemos pasado de 2012-2018 a una pérdida neta anual de 5.000 trabajadores públicas a un aumento neto de más de 5.000 ya en 2024», explicó Escrivá durante su comparecencia.

El real decreto de oferta creará 9.102 empleos netos, de los que 4.940 serán plazas adicionales en sectores prioritarios y otras 4.162 más utilizando instrumentos de planificación para dotar de nuevos servicios públicos a la ciudadanía.

Dentro de este capítulo se encuentran las 1.098 plazas para Seguridad Social, Base Logística Defensa, AESIA, CNMC, Museo del Prado y Puertos del Estado. «Además, se cubrirán las 11.738 bajas de 2023 con nuevos empleados», indican desde el Ejecutivo.

Cabe recordar que tras los recortes sufridos en la Administración Pública a raíz de la crisis financiera de 2008, el Ejecutivo trata con esta propuesta de paliar la escasez de personal con ofertas de empleo público récord año tras año. Y así será en 2024 pese a la ausencia de Presupuestos.

Pese a las cifras de récord, esta nueva oferta de empleo público ha provocado división entre los sindicatos, ya que solo UGT ha mostrado su visto bueno a la propuesta del Ejecutivo.

Por su parte, CC OO y CSIF, los otros dos grandes representantes de la administración pública, la consideran insuficiente. El sindicato liderado por Unai Sordo denuncia que la oferta recorta en 1.500 las plazas de la Administración General del Estado respecto al año anterior, no cubre la tasa de reposición que se ha acumulado y alcanza un 14% de pérdida neta de empleo en 10 años y más del 20% desde 2011.

A pesar de que Escrivá indicó este martes que «se está trabajando« para que el próximo año la tasa de reposición se cambie por un sistema más flexible en función de las necesidades de la Administración, desde CSIF critican que la misma supone un freno a la renovación de las plantillas, advirtiendo que »en los próximos ocho años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla«.

Ante esta situación, los sindicatos reclaman iniciar «desde ya» la negociación, aprovechando que Hacienda ha pedido a los ministerios que hagan sus cuentas para el próximo ejercicio para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2025.