Garamendi denuncia que el veto al despido supone «meter la tijera» a la reforma laboral

Lejos de echar un paso atrás, Garamendi vuelve así a tensar la cuerda con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que el martes ya tuvo un cruce de acusaciones tras la aprobación del plan en el consejo de ministros. En la rueda de prensa para presentar las medidas, Díaz respondió a las críticas de Garamendi solicitando al empresario «empatía social».

Unas palabras que el miércoles eran contestadas por la patronal asegurando que esa empatía se ha demostrado «plenamente» con la firma de más de 15 acuerdos en los últimos dos años, entre ellos los relacionados con la dependencia, los ERTE o la propia reforma laboral. «Lo que no podemos compartir es el intervencionismo cuando hay una ley pactada y negociada hace muy pocos días», insistió el líder empresarial en referencia nuevamente a la reforma laboral.

Garamendi reconoce que durante la pandemia ya se prohibió despedir por causas relacionadas con la crisis. Pero recuerda que en la reforma laboral establece que si un empleado en ERTE es despedido, el empresario tiene que devolver la exoneración de cuotas recibidas por ese trabajador. «No tiene mucho sentido que si acabamos de aprobar una reforma laboral, a la primera de cambio se le esté metiendo la tijera (...) Se ha cambiado la fórmula», insiste.

Según el Real Decreto-ley que contiene el plan de respuesta a la guerra y que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas contempladas en el plan el aumento de los costes energéticos «no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022», debiendo reintegrar la ayuda recibida si incumple esta obligación.

Asimismo, la norma establece que las empresas que se acojan a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos (ERTE) «por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos».

Garamendi ha querido dejar claro que «ningún empresario quiere despedir», pero ha advertido de que las empresas están «absolutamente agobiadas», especialmente las pymes, «y a veces hay que despedir, porque si no, lo que cierra es la empresa», ha apuntado.

Garamendi tampoco comparte la limitación al 2% en la actualización de los contratos de los alquileres porque, a su juicio, supone también un «intervencionismo» por parte del Gobierno, en este caso en la propiedad privada.

Y lo mismo opina en relación a la minoración de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. «Cuidado con que el Gobierno esté marcando cuánto puedes ganar o no», asegura.