Los funcionarios saldrán a la calle en primavera si no les suben el salario

Los más de 3,5 millones de empleados públicos que hay en España comenzaron el año con el salario congelado, pese a que los sindicatos ya habían pactado con el Ministerio de Función Pública un aumento fijo del 2%. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido no aprobarlo hasta que no vean la luz los Presupuestos, aunque posteriormente tendrán que pagarlo de forma retroactiva desde enero.

A lo que sí dio ya luz verde el Gobierno fue al incremento adicional del 0,5% para 2023 por la buena marcha de la economía, lo que supone, además de consolidarse en su nómina, una 'paguilla' de más de 180 euros de media por los atrasos. Sin embargo, CSIF denunció también que esta subida no se ha aplicado aún a los más de 230.000 funcionarios que trabajan para el Estado y por eso también protestarán en los próximos meses.

Pero además el sindicato advierte que España tiene pendiente reformas en la administración relacionadas con las políticas de empleo, la gestión de recursos humanos o el acceso a los altos cargos, que condicionan el desembolso de los fondos previstos en el Mecanismo de Recuperación de la UE, unos fondos que, además, están ligados a la reducción de la temporalidad, una asignatura que aún está pendiente puesto que se mantiene estancada en el 30% pese a fijar el compromiso de reducirla al 8% a final de este año.

«O empieza a haber negociación real en las administraciones públicas o le auguramos a este Gobierno una primavera caliente porque CSIF saldrá a la calle», avisó el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante una rueda de prensa previa al X Congreso Nacional del sindicato, que se celebrará este jueves en Granada y que elegirá la nueva estructura de dirección para los próximos cuatro años.

Borra pidió al Gobierno «sentarse» para negociar un nuevo acuerdo salarial que permita a los trabajadores del sector público recuperar el poder adquisitivo, que desde el sindicato cifran en una pérdida de más de un 20% desde 2010. «No vamos a aceptar ningún acuerdo que no implique empezar a recuperar todo lo que hemos perdido», reclamó. En este sentido, propuso indexar la subida de los sueldos del personal público a la inflación, para así «por lo menos» conseguir no perder poder adquisitivo.

Asimismo, CSIF quiere implementar la jornada de 35 horas en todo el personal de la Administración Pública del país, compromiso recogido en los acuerdos de 2018, y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones, una jornada que también reclamó para el sector privado.