Fade ve la reducción de jornada como «una bomba de relojería» que provocará cierres de empresas en Asturias

No es la primera vez que desde Fade se hace hincapié en las consecuencias que puede tener esta reducción en un tejido económico como el de la comunidad, compuesto básicamente por micropymes. «Asturias, debido al tamaño de su tejido empresarial, será una de las regiones más afectadas por esta propuesta, que consideramos técnicamente mal planteada, políticamente equivocada y económicamente desproporcionada». Pero, ahora, además de los efectos, se censuran también las formas.

«La Constitución reconoce el papel de los representantes empresariales en la negociación de las condiciones laborales, un papel que no puede ignorarse mediante un decreto de urgencia», critican desde Fade, para asegurar que «este modo de proceder, además de cuestionable legalmente, pone en peligro la actividad económica y los puestos de trabajo».

En este sentido, la patronal explica que, en Asturias, la jornada laboral media ya es de 38,5 horas, la tercera más baja del país tras País Vasco y Navarra, y en algunos sectores, ya se aplican horarios cercanos a los que propone el Gobierno. «Sin embargo, otros sectores, como el comercio, la hostelería o el agrario, no pueden asumir esta reducción sin afectar gravemente a su viabilidad», advierten los empresarios, que además suman a este cambio «la presión» de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. «Es fundamental que la duración de la jornada se acuerde en el marco de la negociación colectiva, sector por sector, tal y como establece la Constitución», insisten.

En este contexto, la patronal regional pide al Gobierno que «reflexione, respete el diálogo social y busque soluciones que tengan en cuenta la realidad de las empresas y de los trabajadores, para evitar poner en riesgo la economía de Asturias ni la de España».

Este asunto ya provocó un pulso dentro del Gobierno central entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, que hasta ahora había abogado por el trámite ordinario con el fin de acercar posturas con la patronal y que el texto concitara una mayoría parlamentaria suficiente. La primera, que parece haberse impuesto, llegó incluso a calificarle de «casi ser mala persona», acusándole de bloquear el debate sobre el recorte.