Escrivá analizará incentivar con un 5% a los funcionarios que se jubilen con más de 60 años

Desde el ministerio sostienen que «analizarán», como hacen siempre, todas y cada una de las medidas que les presenten. La propuesta de CSIF es incentivar con un 5% anual acumulable al personal de clases pasivas que decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años.

Cabe recordar que los funcionarios que pertenecen al Régimen de Clases Pasivas pueden jubilarse voluntariamente a partir de los 60 con el cien por cien de su pensión siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, como son haber cotizado durante 30 años, haber prestado un periodo mínimo de 15 años de servicios al Estado y, además, haber trabajado durante los últimos cinco años anteriores a la jubilación para la Administración Pública.

Las clases pasivas constituyen un régimen que goza de una serie de privilegios, pero que está en vías de extinción, puesto que ya desde el año 2011 está cerrado. Sin embargo, todavía cotizan en él más de 800.000 personas -según estimaciones de CSIF-, que son profesores, militares de carrera, jueces, fiscales, funcionarios, personal transferido a las CC AA e incluso presidentes, vicepresidentes, ministros y otros cargos políticos, a los que no les aplican ningún tipo de coeficiente reductor, como sí les sucede al resto de asalariados y autónomos que se retiran antes de la edad ordinaria por muchos años cotizados que tengan.

Este derecho no fue modificado en el acuerdo alcanzado por la comisión del Pacto de Toledo, pese a que había reticencias a su blindaje, ya que Europa mira con lupa este tipo de regímenes especiales. Lo que sí hizo el Gobierno unos meses antes, en pleno confinamiento y vía real decreto, fue traspasar su gestión a la Seguridad Social, ya que hasta entonces lo llevaban desde Hacienda.

Este cambio de competencias provocó cierto revuelo e incertidumbre entre los funcionarios, que temían perder los derechos adquiridos y sufrir algún tipo de recorte en su pensión. Esto derivó en una oleada de prejubilaciones voluntarias en 2020, más de 10.500 personas, lo que supuso un incremento de casi un 22% respecto a la media de 2018 y 2019, según CSIF. Este sindicato sostiene que si el 50% de esos funcionarios hubiera prorrogado su vida laboral se podría haber generado un ahorro para el Estado de 49,5 millones de euros. «Esta propuesta, además de ser viable puesto que no genera gasto, permitiría incrementar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a clases pasivas y con ello corregir la desigualdad económica con respecto al Régimen General», apuntó CSIF. Este régimen incluye además a cerca de 680.000 empleados públicos y a pensionistas, que suponen un gasto mensual a la Seguridad Social de 1.245 millones de euros.

Otra de las medidas propuestas por el sindicato y que Escrivá analizará en los próximos días es la de reconocer la jubilación anticipada para el personal sanitario por la penosidad de sus condiciones de trabajo.