Las dos empresas que pujan por Alcoa garantizan el pleno empleo en la planta de Avilés

Dos opciones para salvar la planta avilesina de Alcoa y a sus 317 trabajadores. De los siete inversores que manifestaron su interés en las últimas semanas -seis de ellos formularon una propuesta no vinculante y otro únicamente llegó a firmar el contrato de confidencialidad-, solo dos han seguido, hasta el momento, adelante con la puja. Ambos se reunieron ayer con la multinacional aluminera y con los representantes de los trabajadores en Madrid para detallarles sus ofertas y no pueden ser más dispares entre sí. No obstante, las dos cumplen los requisitos acordados por la plantilla y Alcoa en la firma del ERE: un proyecto de futuro y el mantenimiento de todos los empleos.

Uno de los inversores centró su propuesta exclusivamente en la planta de Avilés. Sin embargo, animado por la propia Alcoa y por el malestar que desató su oferta en los representantes de los trabajadores de la factoría de La Coruña, se comprometió a visitar hoy la planta gallega y no descarta pujar al final también por ella. Lo que sí tiene claro es que solo operará con la parte de fundición, esto es el horno de reciclado de la planta de Avilés, que produce unas 50.000 toneladas de aluminio anuales y cuyo coste energético es contenido. Industrializará la fábrica hacia abajo, sin contar con las series de electrólisis -donde se produce el aluminio primario y las responsables de la elevada factura eléctrica de las plantas- y aumentará la producción para dar empleo a todos los trabajadores.

La alternativa que ofrece el otro inversor pasa por adquirir las dos factorías y operarlas de manera integral: fundición y series de electrólisis. Y está dispuesto a asumir a los casi 700 trabajadores que componen las plantas de Avilés y la Coruña. Su plan está, no en vano, condicionado a la consecución de un precio energético estable, predecible y, sobre todo, competitivo. Por tanto, el foco se centra ahora en el Gobierno central, concretamente en los pasos que den los ministerios de Industria y Transición Ecológica -tiene la competencia en materia de energía- para abaratar la tarifa eléctrica de las electrointensivas. Algo que a juicio del comité avilesino ya tenía que haberse solucionado. «El Gobierno no hizo su trabajo y por eso hubo menos ofertas de las que esperábamos», lamentó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité. Continúan preocupados por el futuro de la planta y piden al Gobierno que cumpla sus compromisos, aunque «garantizar todos los empleos a 30 de junio es un gran logro», indicó Alberto Grijalbo, otro de los miembros del comité.

Por el momento, el Ministerio de Industria y el Principado están analizando las ofertas que se han presentado y según evidenció el pasado miércoles el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, confían en recibir alguna propuesta en firme más en los próximos días. Nada se sabe, sin embargo, del futuro estatuto para las electrointensivas desde que la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC) reclamara mejoras que lo hicieran menos restrictivo. En la última reunión de seguimiento del conflicto de Alcoa mantenida en el ministerio que dirige Reyes Maroto se solicitó la comparecencia de algún representante del área de Energía, dependiente del departamento de Transición Ecológica, para informar de los avances en esta normativa.

Los trabajadores temen que el Gobierno no lo apruebe a tiempo y los inversores rechacen la opción de volver a producir aluminio primario. Por eso el próximo jueves iniciarán una marcha a pie hasta Madrid con la que pretenden exigir «una solución inmediata» y garantías reales más allá de las consecutivas promesas que han formulado Maroto, Teresa Ribera e, incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.