Las empresas adelantan al Gobierno con menos temporalidad y mejores salarios

Lejos quedan los tiempos en los que trabajar para el Estado era un seguro de vida. Ahora prácticamente uno de cada tres empleados públicos tiene un contrato con fecha de caducidad. En concreto, un 31,3% son eventuales, una tasa que duplica de largo la que tiene el sector privado, que se sitúa en el 13,7%. Las empresas han cumplido y, con la entrada en vigor de la reforma laboral, que vetó los contratos eventuales, han recortado en más de diez puntos su temporalidad y la han llevado a mínimos históricos. Es más, en apenas cinco años la han reducido a la mitad. Esto está permitiendo que España deje atrás la temporalidad crónica que arrastra desde tiempos inmemoriales y se alinee más con Europea, aunque siga siendo ligeramente superior a la comunitaria: 17,3% frente a 14%.

Pero no ha sucedido así en la otra cara de la moneda. Mientras el Gobierno, a través de la nueva norma laboral, exigía a las empresas recortar la temporalidad en tiempo récord en un país con una economía totalmente dependiente de una actividad estacional como es el turismo, la Administración Pública ha ido engordado su número de interinos hasta alcanzar máximos. Ni las advertencias de diferentes organismos internacionales, como la Comisión Europea o la OCDE, ni el rapapolvos del Tribunal Europeo deJusticia (TJUE), que le acusó de abusar de la temporalidad, han conseguido que el Estado se ponga las pilas y de los 3,5 millones de empleados públicos que hay en la actualidad –todo un récord –, más de 1,1 millones son interinos, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año.

Y, lejos de disminuir, tiene todos los visos de aumentar, puesto que los refuerzos que se están ahora aprobando para paliar las carencias de personal en organismos clave como la Inspección de Trabajo y Hacienda, la Seguridad Social o el SEPE, son a golpe de interino y las ofertas de empleo público, que son la vía para acceder a un puesto de funcionario estable, se materializan con varios años de retraso. Es más, recientemente han salido convocatorias correspondientes a los años 2019 y 2020. Y eso que a finales de 2021 el Gobierno aprobó la ley por la que se compromete a reducir la temporalidad en la Administración al 8% en 2024, es decir, prácticamente cuatro veces menos de la actual tasa. Además, la norma establece que un puesto laboral de la Administración solo puede estar cubierto por trabajadores temporales por un plazo máximo de tres años.

Las empresas también han tomado la delantera al Gobierno en el tema salarial. Mientras miembros del Ejecutivo cargaban contra la patronal por no llegar a un acuerdo con los sindicatos para subir el sueldo de sus trabajadores, ellos estaban negociando en silencio, con discreción. Y el mes pasado llegaron a un pacto que es mucho más favorable que el acuerdo firmado para la Administración Pública. Las remuneraciones de los asalariados cubiertos por convenio se elevarán un 4% este año y un 3% en 2024 y en 2025, con la posibilidad de sumar otro 1% adicional cada año si la inflación es superior a ese porcentaje. Los funcionarios, sin embargo, tendrán que conformarse con una subida más modesta: un 2,5% este año (puede elevarse otro 1% adicional) y un 2%en 2024 (más un 0,5% variable). Es decir, las remuneraciones de los funcionarios subirán estos dos próximos años un 3,5% menos que el alza pactado para los convenios.

Pero hay más. La Administración Pública también tiene una tasa más elevada de absentismo que la media española, otro de los talones de Aquiles del mercado laboral español; concretamente, un 29,5% más. Así, mientras en el sector englobado bajo el epígrafe 'Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria' tiene un absentismo general del 7,9%, la media general en España es del 6,1%, según un informe de Randstad. Esto tiene consecuencias en las cuentas públicas, puesto que el elevado número de bajas que hay este año ha disparado el gasto de la Seguridad Social.