
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Desde que Hacienda saca su famosa Campaña de la Renta, los contribuyentes comienzan a presentar sus cuentas ante el organismo donde deben rendir explicaciones del dinero ganado. Una vez hecha y pasado el susto, parece que ese documento cae en el olvido pensando que a partir de ahora no existe ninguna obligación, pero la verdad es que todos los documentos y justificantes de los movimientos económicos deben conservarse a riesgo de una multa que puede llegar hasta los 6.000 euros. La pregunta es durante cuánto tiempo.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene un plazo reglamentario de fin de presentación que este año 2024 se amplió hasta el 1 de julio cuando casi siempre suele tener como fecha límite el 30 de junio con una campaña que se extiende tres meses. Cuando se presenta, se suele guardar durante un año entero para poder tener así el número de referencia y poder así hacer la del año que viene, pero la prescripción en caso de que haya una inspección no caduca anualmente, sino a los cuatro años por lo que, lo adecuado, sería guardarla durante cuatro años.
La documentación a conservar sería toda aquella referente a las retenciones de IRPF que suele facilitar la empresa cada año. Además, los certificados emitidos por el banco con información fiscal, los rendimientos de inversiones y si hubiera aportaciones a planes de pensiones guardar toda la información que se tenga de ello.
Hay que tener en cuenta que la fecha desde la que se debe comenzar a contar esos cuatros años es a partir del día siguiente de presentarla. Es decir, si se presentó el 30 de junio de 2024 se deberá conservar hasta el 1 de julio de 2028. Todo ello en prevención de una posible inspección, pero también como seguridad ante una posible reclamación ante Hacienda si hubiera disconformidad por alguna de las partes y como seguridad jurídica ya que ello acredita que se ha cumplido con la obligación fiscal.
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