La devolución de ayudas, el coste del C02 y la subasta eléctrica, herramientas de presión

La última reforma laboral dio más poder a las empresas a la hora de planear despidos. De hecho, los cambios en esta normativa han sido empleados por el Gobierno central para justificar que no haya paralizado el ERE. Sin embargo, desde que Alcoa anunció los cierres, el Ejecutivo trabaja junto al resto de administraciones y los sindicatos en otras formas de presión que puedan obligar a la multinacional americana a revertir su decisión o, al menos, que dé tiempo para permitir encontrar un inversor que se haga con las instalaciones.

Mientras que los sindicatos han recurrido a la vía judicial -han denunciado a la empresa por vulneración del derecho de información y consulta del comité europeo-, las administraciones intentan buscar mecanismos que frenen los despidos, aunque tienen que medir sus pasos para no poner en peligro la única instalación que le quedaría a Alcoa en España, la lucense de San Ciprián, y para mantener la legalidad y la libre competencia.

En el corto plazo, el Gobierno tiene sobre la mesa la subasta de interrumpibilidad, que tendrá lugar entre el 10 y el 14 de diciembre, y cuyas convocatorias se confeccionaron en los últimos años para que Alcoa fuera la mayor beneficiaria. De hecho, en los últimos cuatro años se llevó 500 millones, alrededor de un 30% del total, e incluso se llegó a convocar una nueva puja cuando los resultados no dejaron satisfecho al grupo y amenazó con despidos. Asimismo, el Ejecutivo plantea como herramienta de presión los 150 millones de euros de la partida destinada en los presupuestos a ayudas a la gran industria para compensar el coste indirecto del CO2.

Pero, además, según ha podido saber este periódico, las administraciones están vigilando con lupa cualquier otro aspecto que pudiera ser susceptible de sanción y se están analizando las ayudas recibidas por la multinacional desde la privatización de Inespal, en 1998, para ver qué posibilidad existe de reclamar su devolución.